La OTAN y la libertad de los narcos

¿Qué hay tras la campaña a favor de Puracal?

Por Jorge Capelán | Radio La Primerísima / Tortilla con Sal.

Estados Unidos y la Unión Europea, los dos campeones mundiales en detenciones arbitrarias, famosos el uno por casos como el de las cárceles de Guantánamo y Abu Grahib así como por su red global de prisiones secretas, y su cómplice al otro lado del mar, famoso también por haber colaborado en el montaje de esa red y por sus centros de detención de decenas de miles de inmigrantes indocumentados, llevan adelante una campaña para liberar a una persona convicta por narcotráfico en Nicaragua: Una maniobra más y un claro ejemplo de la labor de ese tándem que ha cooptado y corrompido todo el sistema internacional de los Derechos Humanos.

“Expreso de Medianoche” en Centroamérica

En agosto de 2011, el ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal fue condenado por la justicia de Nicaragua a 22 años de prisión por narcotráfico y lavado junto con otros 10 nicaragüenses también condenados a largas penas.
Nueve meses antes, el domicilio y la oficina de Puracal habían sido registrados por las autoridades nicaragüenses sin una orden de arresto, procedimiento contemplado en el código penal del país para aquellos casos serios en los que se sospecha que el investigado puede llegar a deshacerse de las pruebas. Usando tecnología de punta (por cierto, brindada por los propios Estados Unidos) se encontraron trazas de droga en el vehículo de Puracal así como abundante documentación que, según las autoridades judiciales nicaragüenses, fundamenta los cargos contra él y el resto de miembros de la red en la que participaba.
El estadounidense ha apelado la sentencia y esta semana comienzan las audiencias en Managua.
La historia de Puracal, un ex voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos que luego de cumplido su servicio en Nicaragua decidió quedarse en el país donde contrajo matrimonio y adquirió una franquicia de bienes raíces, ha dado lugar a una campaña internacional sin precedentes en la que una petición de libertad a su favor organizada en la Internet ha llegado a recabar más de 90 mil firmas.
Esto es comprensible, dada la facilidad con que es posible convertirla en un paralelo a la de la famosa película de Alan Parker con guión de Oliver Stone, Expreso de Medianoche (1978), en la que un estadounidense es sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de drogas en Turquía. Con el paso de las décadas el filme, basado en una historia real, se ha convertido en un clásico de la islamofobia y del cliché que retrata a todos los países de la denominada “periferia” no-occidental como lugares sin ley en los que las almas blancas están expuestas a toda clase de tormentos, incluso abusos sexuales, de parte de unos nativos corruptos, desalmados e impredecibles. Luego de años de soportar condiciones inhumanas y de abandonada toda esperanza de apoyo de parte del gobierno estadounidense, Billy Hayes, el protagonista de la película, decide huir de la prisión por sus propios medios.
El caso de Puracal ha sido apoyado por grupos estadounidenses como el Innocence Project (Proyecto Inocencia) y ha recibido apoyo de personas influyentes como “el ex director de la DEA estadounidense Tom Cash, que ayudó a enjuiciar al capo colombiano Pablo Escobar, y el ex ministro de justicia y fiscal de la nación de Canadá, Irwin Cotler, que escribió una carta inflamatoria al presidente Daniel Ortega diciendo que lo de Puracal era una ‘detención arbitraria’ y ‘un serio abuso de justicia'”, según la publicación Nicaragua Dispatch. Hasta una orden del prestigioso Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU recomienda a Nicaragua la “inmediata liberación” de Jason Puracal.
Según la versión de los defensores de Puracal, a éste no solamente se le habría violado su integridad al registrar las autoridades nicaragüenses su vivienda y su lugar de trabajo sin una orden judicial, sino que además se le habría negado el debido derecho a la defensa; se le habría juzgado más allá del período legalmente establecido; se le habría obligado a vivir junto con otros siete prisioneros en la misma celda, y hasta se le habría forzado a quemarse con un calentador de agua (¿?) que usaba en la prisión.
Todas estas acusaciones han sido negadas tajantemente por el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur (Granada y Rivas), doctor Norman Miranda Castillo, que a su vez acusó a la embajada estadounidense en Managua de intromisión en el curso de la justicia en Nicaragua.

La “Responsabilidad de Proteger” a los narcos

El pasado 24 de mayo, el secretario del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Miguel de la Lama, envía una carta respondiendo a un caso remitido por Jared Genser, a nombre de la organización “sin fines de lucro” Perseus Strategies, LLC. En la carta, de la Lama le comunica a Genser que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en su sexagésimo tercera sesión emitió el “texto de opinión”, numero 10/2012 sobre Puracal.
El Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias fue establecido por la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otras cosas para investigar casos de privación de libertad arbitrarios o inconsistentes con la Declaración Universal de los Derechos humanos, tarea que según las Naciones Unidas debe ser llevada a cabo “con discresión, objetividad e independencia”.
El “texto de opinión” enviado por el grupo de la ONU al Gobierno de Nicaragua, aclara que el organismo de derechos humanos no puede pronunciarse acerca de los cargos presentados contra Puracal ni tampoco acerca de la evidencia presentada contra él por el Estado de Nicaragua. Sin embargo, y en vista de que el Gobierno nicaragüense no respondió a las acusaciones formuladas por el grupo en el plazo estipulado de dos meses, éste recomendaba a Nicaragua la liberación inmediata de Puracal, y la realización de un nuevo juicio en caso de que se crea necesario, sin perjuicio de indemnizarlo por los supuestos daños causados a su persona. Evidentemente, una carta de ese organismo de la ONU, inmediatamente se convierte en una poderosa arma mediática.
Los miembros del Comité son Malick El Hadji Sow, de Senegal; Shaheen Sardar Ali, de Pakistan; Roberto Garretón, de Chile; Mads Andenas, de Noruega y Vladimir Tochilovsky, de Ucrania. Es fácil descubrir la fuerte influencia de la Unión Europea y de la OTAN sobre este grupo en apariencia plural.
El presidente del grupo, el senegalés Malick Sow, es actualmente juez de la Corte Suprema de su país, considerado una “democracia fuerte y estable” por la Unión Europea, aunque con un alto nivel de pobreza ocupando el puesto 155 de 169 países en cuanto al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, siendo fuertemente dependiente de la ayuda europea, que supera el 10% del presupuesto nacional. Por su parte, la vice presidenta paquistaní es en realidad profesora de derecho en la Universidad de Warwick, en Inglaterra y de la Universidad de Oslo, en Noruega. Difícilmente se podrán esperar actuaciones fuera de la línea oficial de un representante chileno, por cierto, reconocido defensor de los derechos humanos en la época de Pinochet, pero representando a un estado que practica las detenciones arbitrarias de indígenas mapuches sin importar la edad, como si fuese un deporte, y de un abogado litigante ucraniano que participó en las primeras fases de organización del Tribunal Penal Internacional, ampliamente criticado por su parcialidad contra todo tipo de personeros señalados por Washington como enemigos de los Estados Unidos, así como por su reluctancia a investigar los crímenes de los aliados de la Casa Blanca.
Por su parte, el noruego Andenas es, como la paquistaní Shaheen Ali, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, pero además fue miembro de la directiva de una organización muy selecta, la Asociación de Institutos de los Derechos Humanos (AHRI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Este grupo, financiado por la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST), agrupa a unas 41 universidades de Europa que llevan a cabo investigación en el campo de los derechos humanos. En diciembre de 2010, AHRI realizaba, con financiamiento de COST, el seminario “La Corte Penal Internacional y la Responsabilidad de Proteger – Sinergias y Tensiones“. Uno de los temas del seminario llevaba el sugestivo nombre de “El camino a recorrer”, una discusión sobre las maneras en que la “comunidad internacional podría coordinar sus acciones futuras” para la implementación de la doctrina conocida como R2P.
La Responsabilidad de Proteger, o R2P, es una idea que los países de la OTAN vienen impulsando desde hace varios años en el seno de las Naciones Unidas. La base del planteamiento de la R2P es que cuando un Estado no proteja a su población, ya sea por falta de capacidad o de voluntad, es responsabilidad de la “comunidad internacional en su conjunto” intervenir, aún cuando ésto entre en contradicción con uno de los principios fundamentales de las Naciones Unidas: El de la no-injerencia en los asuntos internos de otros Estados. En la Cumbre Mundial de la ONU de septiembre de 2005, una mayoría de los estados miembros, bajo las presiones de los países de la OTAN aceptaron la idea del R2P en principio, pero recomendaron una más amplia discusión del tema. Poco más de un lustro más tarde, esa doctrina se llevaría a la práctica con lo que resultó ser la agresión contra el pueblo libio por las fuerzas de la OTAN.
En unos pocos días en marzo de 2011, Soliman Bouchuiguir, de la Liga Libia de los Derechos Humanos, (LLDH) reunió en un pronunciamiento a más de 70 ONGs del ramo para la 15 sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar el 25 de febrero de 2011. En la reunión se decidió expulsar por primera vez a un estado miembro, Libia, por supuestos bombardeos contra la población civil. Unas semanas más tarde comenzaría la masacre de la OTAN contra el país norafricano.
“Para serle franco, no fue un trabajo tan difícil porque todas esas ONGs se conocen entre ellas (…) y al final, la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo que todos se juntasen en Ginebra, y fue así que lanzamos el pronunciamiento que fue firmado por todos los miembros”, dijo Bouchuiguir a periodistas que lo entrevistaron para el documental “The Humanitarian War“, dirigido por Julien Teil.
Las cifras con las que Bouchuiguir convenció al resto de los miembros del Consejo eran estremecedoras: El 17 de marzo de 2011, reportaba 6 mil muertos, 12 mil heridos, 500 desaparecidos, 700 violaciones y 75 mil refugiados. Apenas dos semanas más tarde, Bouchuiguir hablaba de 18 mil muertos, 46 mil heridos, 28 mil desaparecidos, 1600 violaciones… Con esas cifras se justificó luego la “zona de exclusión aérea” y los bombardeos de la OTAN que resultaron en una verdadera masacre. Todas esas cifras eran inventadas.
Hay que recordar que el 2 de marzo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU., Mike Mullen, testificaba ante el Congreso: “no hemos podido confirmar que aviones libios hayan abierto fuego contra su propia población”. Por esos mismos días, el Estado Mayor Conjunto de Rusia informaba que había estado monitoreando el territorio libio por satélite desde el inicio de la crisis, a mediados de febrero, y no había logrado detectar ningún tipo de bombardeo.
“No hay manera”, respondió Bouchuiguir a la pregunta de los periodistas acerca de cómo comprobar si las cifras que había dado a la ONU eran verdaderas. “El gobierno libio nunca, nunca, da información sobre los derechos humanos (…) de modo que hay que hacer un estimado”, explicó.
“…Esta información (sobre el número de víctimas civiles en Libia) no la recibí de cualquiera. La recibí del primer ministro libio – el del otro lado”, agregó Bouchuiguir refiriéndose al Consejo Nacional de Transición (CNT) montado por los denominados “rebeldes” apoyados por la OTAN.
“Fue el señor Mahmoud (de la tribu Warfallah). Fue él quien declaró esas cifras. Las usé, pero con cierta precaución”, agrega. Bouchuiguir se refería a Mahmoud Jibril, el “primer ministro” de los “rebeldes libios” designado por la OTAN y la CIA.
Ali Zeidan, a inicios de marzo presentado como vocero de la LLDH, había sido también vocero del CNT. Más adelante, y presionado por los periodistas, Bouchuiguir reconoce que varios miembros del Consejo Nacional de Transición eran también miembros de su organización de “derechos humanos”: “Usted sabe, esta gente en el gobierno (del CNT), ¡estamos todos en el mismo grupo! Ellos son miembros de la Liga Libia de los Derechos Humanos, el ministro de información, por ejemplo, el ministro de educación, el ministro del petróleo y el ministro de finanzas, ¡ellos son miembros de nuestra liga! … No tienen cargos de responsabilidad, pero son miembros de nuestra liga”, explica.
La verdadera escala de la masacre cometida contra el pueblo libio se conocerá algún día. Por el momento, algunos datos muy maquillados de la propia OTAN, como el uso de 7.700 misiles y bombas en unos 10.000 vuelos ayudan a hacerse una idea, aunque probablemente muy pálida, del horror. Lo cierto es que mientras que los encargados de contar los muertos sobre el terreno muestren la falta de ética de individuos como Soliman Bouchuiguir y los funcionarios de las restantes 70 ONGs de “derechos humanos” que sin siquiera pensar votaron para que otros ejercieran su “responsabilidad de bombardear” al pueblo libio, la verdad no será conocida, sencillamente porque hay un interés de que no se conozca.
Todo esto nos lleva a la pregunta: Si estos burócratas del humanismo no tienen el menor empacho en inventar genocidios para luego hacerlos realidad en función de los intereses de las potencias occidentales, ¿por qué se van a detener ante la posibilidad de exigir la libertad de un narcotraficante como en el caso de Jason Puracal?
Sobre la mesa del Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU hay muchos expedientes de peso, como la ley aprobada por el presidente estadounidense Barak Obama a finales de 2011 que permite detenciones indefinidas sin cargos y encarcelamientos sin juicios, para no hablar de los casos ampliamente conocidos de Abu Grahib, de Guantánamo, o de la red de cárceles secretas de la CIA en todo el mundo, el caso de los 7.000 menores de edad palestinos que Israel tiene tras las rejas desde el año 2000, o el caso de los más de 200 centros de detención de inmigrantes en los que la Unión Europea hoy en día recluye a decenas de miles de personas que no han cometido delito alguno, etcétera.
¿Qué chances hay de que el Grupo de Trabajo de la ONU se ocupe seriamente sobre esos temas? Ninguna, porque sus miembros son totalmente dependientes de los países que cometen esas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Israel, éste es el más estrecho aliado de los Estados Unidos y el mayor receptor de su ayuda militar; además, es un miembro de facto de la Unión Europea en virtud de los generosos tratados de libre comercio que unen a ambos países.

Estrellas en ascenso

Nada sucede espontáneamente en el corrupto universo de las instituciones de los “derechos humanos” controladas por la OTAN. Por ejemplo, ¿quién es la persona que envió al Grupo de Trabajo de la ONU la solicitud de investigar el caso de Puracal?
Jared Genser, nombrado por la revista National Law Journal como una de las “40 estrellas emergentes de menos de 40 años en Washington”, es el gerente de Perseus Strategies, LLC y fundador de Freedom Now, una organización “independiente”, “sin fines de lucro”, dedicada a defender supuestos prisioneros de conciencia en todo el mundo. Gesner trabajó para firma de abogados DLA Piper LLP y para la famosa consultora McKinsey & Company, entre cuyos clientes a nivel global se encuentran varias empresas multinacionales y gobiernos en todas las esferas, incluso la militar. Un detalle en la brillante carrea de esta estrella: En 2006-2007 fue profesor invitado en el National Endowment for Democracy (NED), uno de cuyos fundadores, Allen Weinstein, allá por 1991 decía que “mucho de lo que hacemos hoy en día lo hacía la CIA de manera clandestina hace 25 años”. Otro detalle brillante: Entre sus clientes de oficio se han encontrado el ex presidente checo Václav Havel, la burmesa Aung San Suu Kyi, el nobel chino Liu Xiaobo, el obispo sudafricano Desmond Tutu, y el nobel judío-húngaro Elie Wiesel. Graduado de prestigiosas universidades como Cornell, Harvard y Michigan, en su currículo no podía faltar un año como becario Raoul Wallenberg en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Genser es autor de un “Comentario y Guía Práctica” sobre el Grupo de la ONU sobre las Detenciones Arbitrarias (a publicarse en 2013) y co-editor de otro sobre la doctrina del R2P: “The Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass Atrocities in Our Times” (Oxford University Press, 2012). ¿Quién fue el editor de ese libro? Pues nada más ni nada menos que el ex ministro de justicia canadiense que envió al presidente Daniel Ortega una inflamada carta exigiendo la liberación inmediata del narcotraficante Jason Puracal: Irwin Cotler. Con semejantes antecedentes, no es de extrañar que el Gobierno de Nicaragua no le haya hecho caso a esta campaña y que tampoco haya contestado a la carta del Grupo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. Cuando un grupo de amigos muy influyentes con estrechos contactos con las esferas del imperio más poderoso sobre la tierra inician una campaña de cartas y declaraciones en los medios, eso no constituye un movimiento social, sino una conspiración.
El socio de Genser en Perseus Strategies, LLC, un tal Chris Fletcher, tiene más de agente de la CIA que de abogado idealista: Experto en derechos humanos y responsabilidad social corporativa con experiencia en la oficina de la ONU, asistió en los juicios contra los Khmeres Rojos en Cambodia y en la ONG Oxfam America, entre otros. Además, Fletcher ha participado en actividades del Foro Tibet, Gobernanza y Práctica de la Universidad de Virginia, un conocido centro de reclutamiento de la CIA en el que trabajan profesores que han estado activos en la agencia de inteligencia durante muchos años tales como el Frederick P. Hitz, de la facultad de derecho. Otras tareas en las que Fletcher ha hecho “trabajos temporales”: El Departamento de Estado y el Banco Mundial.
Perseus Strategies, LLC es una empresa dedicada a ofrecer servicios de asesoría legal a grandes ONGs, empresas multinacionales y gobiernos en el terreno de los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y la implementación de la R2P. Sus actividades a menudo incluyen la promoción de los intereses de Estados Unidos en diversos países, así como la elaboración de diversos documentos para justificar la aplicación de la R2P contra países-blanco de las agresiones imperialistas, como el caso de Corea del Norte.
Paralelamente, o en realidad como una división especial de la organización, Genser y Fletcher operan con un “movimiento social” sui generis, Freedom Now que trabaja para liberar a “presos de conciencia” en el mundo dándoles asistencia legal “pro bono”, es decir, sin cobrar. Claro, entre la lista de defendidos por Freedom Now no aparecen casos como el del ciudadano cubano-estadounidense Rene Gonzáles y sus cuatro compañeros cubanos injustamente encarcelados en prisiones de máxima seguridad por recabar información para prevenir actos terroristas contra Cuba desde Miami. Por cierto, este 13 de agosto, a tres días de dar inicio la apelación de Puracal en Nicaragua, René González cumplía 56 años en algún lugar de los EE.UU. sin poder estar con la mayor parte de su familia que vive en Cuba. No, los casos que interesan al grupo de Genser y Fletcher no son esos, sino aquellos que van en la línea de Washington: disidentes chinos, “activistas” iraníes, periodistas en oscuras regiones del tercer mundo, narcotraficantes estadounidenses en países como Nicaragua u otros, por lo general en la mira de las campañas difamatorias ordenadas desde la Casa Blanca.
Genser es sólo un miembro más de la directiva. El presidente de Freedom Now es el abogado Jeremy Zucker, ex actuario judicial el Tribunal Penal Internacional y miembro del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, donde la élite de poder estadounidense, tanto demócrata como republicana, decide la política exterior de los Estados Unidos. La cubano-estadounidense radicada en Noruega, Teresita Alvarez-Bjelland, es una consultora especialista en organizaciones “sin fines de lucro” y además directiva de la Asociación Noruego-Estadounidense, posición privilegiada para ejercer presión sobre el Grupo de Trabajo de la ONU, con fuerte influencia noruega. El abogado Peter Magyar, encargado de expandir la actividad de Freedom Now en Europa, es un influyente jurista en los campos de las privatizaciones y los mercados internacionales de capitales.
Freedom Now no defiende a cualquiera. Trabajan “estratégicamente”, tratando de impulsar cambios políticos en los países donde tienen defendidos, para lo cual no se limitan a los juzgados y tribunales, sino que desarrollan campañas de propaganda junto con todo tipo de actores. Dicen que sólo defienden a prisioneros de conciencia, aunque en el caso de Jason Puracal, convicto por narcotráfico, es difícil, por no decir imposible, usar ese argumento. En resumen, su actividad no es más de una forma de injerencia política de los Estados Unidos sobre otros países disfrazada de lucha por los derechos humanos.

¿Inocencia? ¿Qué inocencia?

Una de las organizaciones más influyentes que han llevado adelante la campaña a favor de Puracal es el grupo denominado Innocence Project (Proyecto Inocencia), cuya misión es velar por los derechos de los ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados dentro y fuera de los Estados Unidos. Además de apoyo mediático, la organización ha dado a Puracal apoyo jurídico a través de sus redes de abogados en los Estados Unidos.
En la página del magnate estadounidenses de las finanzas George Soros se puede leer que esa organización en 2011 recibió una donación de 400 mil dólares por dos años para gastos generales de parte del grupo de fundaciones “Open Society Foundations” pertenecientes al Open Society Institute de Soros.
Según investigadores como la estadounidense Eva Golinger, el Open Society Institute ha participado en la desestabilización de los gobiernos que han resistido la ofensiva post-Unión Soviética. Esta organización fue muy activa en Yugoslavia, Ucrania y Georgia, y trabajó estrechamente con Freedom House y el Albert Einstein Institution (AEI) en el derrocamiento de los gobiernos en estos países, financiando medios de comunicación y grupos de oposición. Igualmente, el área de interés de la Open Society Institute es Europa del Este y el Cáucaso, pero también está muy activa en África y América Latina.
El nuevo director del “imperio filantrópico” de Soros, Christopher Stone, “…tiene una pasión por cambiar las cosas y una gran visión y manera de entender cómo construir instituciones y reimaginarlas para que perduren”, dijo al New York Times a fines del año pasado Barry C. Scheck, co-director del Proyecto Inocencia, famoso por haber sido el abogado defensor de O. J. Simpson en un sonado caso en 1995. ¿Inocencia de qué? La organización de Scheck no es más que una más de las decenas de ONGs y otros grupos que Soros ha cooptado en todo el mundo para que sigan la agenda del imperio con sumas millonarias, sólo el año pasado, unos 860 millones de dólares.
Experto en quebrar bancos centrales en todo el mundo con sus ataques especulativos contra las divisas, Soros critica los excesos del sistema financiero y aboga por regularlos pero, como él dice, “no una regulación excesiva. Los reguladores son seres humanos que pueden equivocarse y además son burócratas que toman decisiones de manera lenta y subordinada a influencias políticas”.
El discurso de Soros respecto a sociedades abiertas, los mercados libres y sus críticas a Bush le han hecho popular entre los demócratas, pero no es progresista. En lo que toca a la estrategia del imperio, Soros es parte de la élite de poder y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, de Bilderberg, del International Crisis Group y de Human Rights Watch, organismos que llevan el timón de la geopolítica estadounidense o proveen de los argumentos de “derechos humanos” que hacen posible sus intervenciones.

Los trapos blancos de la DEA

La “recomendación” del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Detenciones Arbitrarias resultó ser una obra de ingeniería política de las altas esferas del gobierno estadounidense y del complejo corrupto de los derechos humanos mezquinamente politizados. El ex ministro de justicia canadiense que criticó al comandante Daniel Ortega, resultó ser un viejo amigo de uno de los operadores de ese complejo. La organización de derechos humanos Inocencia Internacional resultó ser receptora de los fondos nada inocentes del magnate Soros. ¿Qué pasa entonces con el apoyo a Puracal del ex jefe de la DEA Tom Cash, uno de los hombres que ayudó a enjuiciar al mismísimo Pablo Escobar?
Al dejar la DEA, Thomas V. Cash se fue a trabajar en la empresa Kroll, donde pasó a ser jefe de la oficina de Miami. Entre los servicios de esa empresa se encuentra la asesoría a los gobiernos de distintos paraísos fiscales sobre como mejorar su imagen y lograr que los quiten de las listas antilavado de la OECD, un trabajo que es realizado por muchos ex oficiales de inteligencia cuando dejan el servicio público y pasan al sector privado. En el caso de Cash, la misión asignada por Kroll fue la de ayudar a hacerle un lavado de imagen al paraíso fiscal de Antigua, es decir, a hacer un trabajo de cosmética financiera para que los Pablos Escobares de hoy en día puedan seguir lavando los ingresos del narco.
Lo que hizo que Cash cayese en desgracia, sin embargo, fue otra cosa. En el pasado mes de junio, el conocido estafador R. Allen Stanford fue condenado a 110 años de cárcel al investigarse un esquema Ponzi por el que en un período de 20 años robó 7 mil millones de dólares a 30 mil ahorristas a los que prometía tasas de interés fabulosas por sus depósitos en el Stanford International Bank en la isla de Antigua. El caso había reventado tres años atrás, en 2009, cuando las autoridades federales allanaron las oficinas del Sanford Group para investigar el fraude. A fines de julio de ese año, Cash dejaba su puesto en Kroll. ¿La razón? Como consultor, Cash, trabajando para Kroll, le dio a los inversionistas la luz verde para que invirtiesen en Stanford, pero nunca se preocupó de informarles que su empresa una vez había sido “contratada y pagada” como consultora de Stanford, según denunció una fundación de electricistas que perdió más de 6 millones de dólares en el esquema Ponzi. Cash jamás le informó a los electricistas que Stanford había sido penalizada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, así como tampoco les informó que un ex-empleado de Stanford había demandado a la empresa con la acusación de que era una estafa.
Entre las credenciales de Cash figuraba, según el New York Post, la de haber sido presidente del Comité de Prevención del Fraude de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida. Dice el diario que las conexiones de Cash entre los círculos policiales de ese estado eran tan grandes que un juez asignado a la demanda de los electricistas contra Kroll tuvo que renunciar al caso porque había sido amigo personal de él durante muchos años.

Injerencia descarada

El 16 de agosto comenzará la audiencia de apelación en el caso de Jason Puracal. La justicia nicaragüense decidirá si hay o no elementos para declarar nulo el juicio en el que se le condenó a 22 años de prisión según los procedimientos establecidos en la Constitución y el Código Penal del país. Sin embargo, la manera descarada como grupos que no tienen nada que ver con los derechos humanos y sí con las redes de injerencia política de los Estados Unidos se dedica a usar el caso para hacer propaganda antinicaragüense no favorece en nada a la defensa del reo Puracal.
El caso de la campaña a favor del convicto narcotraficante Jason Puracal ilustra a la perfección el nivel de corrupción y de manipulación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo.

AI al desnudo en la OEA

Por Jorge Capelán, RLP/TcS.
Las críticas de Amnistía Internacional (AI) contra “algunos gobiernos” latinoamericanos al finalizar esta semana la Cumbre de la OEA en Tiquipaya, Bolivia, pusieron en evidencia el descaro de la mafia transnacional de los derechos humanos en la defensa de los intereses imperiales en el mundo.
En la OEA existe una irritación cada vez más pronunciada contra el sesgo evidentemente político de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), experta en emitir “informes” y resoluciones contra todos aquellos países que de una manera u otra vayan a contrapelo de los intereses estadounidenses y en callar los más brutales atropellos de gobiernos dóciles con el imperio.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, víctima de un intento de golpe de estado, denunció con claridad meridiana y con lujo de detalles la abusiva manipulación de esconder el apoyo a agendas políticas minoritarias, elitistas y violentas bajo la etiqueta de la defensa de los “derechos humanos” y “la libertad de expresión”.
Asimismo, Correa y otros mandatarios criticaron el que para avanzar este tipo de agendas se utilicen organizaciones denominadas “No-Gubernamentales” a menudo financiadas e impulsadas fuera de todo control democrático por los Estados Unidos y la Unión Europea.
La demanda de varios países de la región, liderados por el ALBA, es la de reformar ese organismo experto en tratar con guantes de seda a los golpistas y fascistas del continente y con mano de hierro a cuanto gobierno se niegue a doblegarse ante los intereses de Estados Unidos, especialmente si es de izquierda.
En la Cumbre, finalmente se acordó encargar al Consejo Permanente de la organización que redacte una propuesta de reformas a más tardar a inicios de 2013 para ser discutida y aprobada por los estados miembros. Amnistía Internacional reaccionó de inmediato con un comunicado ante lo que consideró una campaña de demonización de parte de los gobiernos de la Alianza Bolivariana.
En una nota de prensa, AI afirma que en la reunión de la OEA, “algunos estados” se dedicaron a “zatanizar” a las ONGs y al sistema de derechos humanos de la organización, pretendiendo aleccionar a gobiernos y movimientos que llevan muchos años denunciando las violaciones a la soberanía y a la voluntad políticas de los pueblos, así como los crímenes que las potencias occidentales cometen en América Latina y el mundo con los derechos humanos como excusa.
AI dice en su nota que presidentes como Rafael Correa y Evo Morales y todos los representantes del ALBA desconocen los mecanismos que rigen el sistema de derechos humanos de la OEA, una afirmación insultante, tomando en cuenta que AI ni siquiera es miembro de la organización y que además se trata de mandatarios que representan a movimientos con una larga historia de lucha en defensa de los derechos humanos.
Con arrogancia inaudita, AI demanda que se respete la “independencia y autonomía” de la CIDH – una acusación que rima con las rutinarias y espurias demandas de “independencia y autonomía de poderes” esgrimidas por los movimientos fascistas que tratan de desestabilizar a los países progresistas y revolucionarios de la región que llevan adelante medidas para profundizar la democracia, la participación popular y la transparencia.
La misma organización que demanda se respete la autonomía de la CIDH en un debate entre Jefes de Estado a los que les compete evaluar los destinos de la organización calla ante el hecho de que uno de sus miembros, los Estados Unidos, no se sometan a su jurisdicción.
De manera falsa y tendenciosa, AI acusa al presidente Rafael Correa de violar el principio de consulta previa a los pueblos indígenas sobre los planes y proyectos de desarrollo del país. Esto lo hace al tiempo que se muestra totalmente ciega y sorda ante la brutal represión que regularmente cometen otros estados miembros de la OEA afines a los Estados Unidos.
Pero quizás la ceguera más grande de todas de parte de AI, es la de no haber notado el hecho de que la organización fue fundada en 1948 en la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos en Bogotá, al mismo tiempo que en la capital colombiana era asesinado el líder popular Jorge Eliecer Gaitán junto con unos dos mil de sus seguidores en un golpe de Estado oligárquico que provocó una guerra que aún no ha cesado en nuestros días.
La OEA jamás se preocupó de investigar esa masacre, conocida como El Bogotazo, y mucho menos la condenó. No sería la última violación a los derechos humanos que la OEA dejaría pasar por alto a lo largo de su vergonzosa historia.
Dictaduras asesinas, represiones sangrientas, intervenciones aberrantes, de nada falta en la larga lista de violaciones a los derechos humanos secundadas y hasta promovidas por la OEA a lo largo de su historia, siempre al servicio de los Estados Unidos.
Tal vez los dos actos más emblemáticos del ingerencismo de la OEA sean el papel cumplido por la organización en la “Operación Éxito” de la CIA para derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y la expulsión de Cuba en 1962, precedida por una larga serie de condenas a la isla socialista y por un silencio sepulcral ante la criminal y fracasada invasión estadounidense en Playa Girón.
De hecho, la institucionalidad que reclama AI es la de lo que no ha sido más que un ministerio de colonias de los Estados Unidos en América Latina. Es la institucionalidad de una organización agonizante ante el peso de los desarrollos y los avances democráticos que hoy en día están teniendo lugar en la región. Como lo dijo el  propio presidente anfitrión de la reunión, Evo Morales: O la OEA se reforma, o se muere.
La cínica protesta de AI ante las críticas de los gobiernos latinoamericanos desnuda su papel, no al servicio de la dignidad de las personas, sino al de los intereses imperiales y coloniales más reaccionarios. Los Estados Unidos y los países de Europa Occidental han logrado subvertir todo el sistema internacional de derechos humanos cooptándolo por una mafia encargada de justificar sus agresiones imperiales y coloniales en todo el planeta.
Criticando lo que es menos importante, y callando o justificando lo que es más importante, en los momentos más álgidos, el actual sistema cooptado de los derechos humanos da una cara progresista a lo que no es otra cosa que saqueo, genocidio y desestabilización de sociedades enteras, desde Yugoslavia hasta Afganistán e Iraq, desde Libia hasta Siria y Costa de Marfil, la mano “humanitaria” de esta mafia de burócratas no electos por nadie está siempre presente, lista para justificar el “derecho de proteger” de los países occidentales.
Dentro de este sistema corrupto, AI destaca por ser uno de los esquemas de Ponzi ideológicos más exitosos de la historia: Como en el esquema financiero del famoso estafador italiano de principios del Siglo XX, AI promueve una manipulación en cadena de los sentimientos de culpa de millones de habitantes de los países ricos, presos entre la intoxicación informativa de los monopolios mediáticos y su impotencia para hacer algo eficaz ante el poder alienante del sistema que también a ellos les oprime.
Así, millones de norteamericanos y europeos cada mes tratan de aplacar sus conciencias aportando unos euros o dólares a la red delictivo-humanitaria con la esperanza de aportar a aliviar el sufrimiento de sus congéneres.
A su vez, las campañas imperialistas impulsadas con la justificación de la mafia derechohumanitaria resultan en nuevos horrores que requieren de más aportes monetarios a organizaciones como AI las que justifican nuevas masacres y horrores que llevan a nuevas contribuciones económicas en un espiral interminable de delitos contra la humanidad y autoengaño colectivo.
Formalmente, cualquier miembro de la red mafiosa es libre de impulsar los temas de derechos humanos que desee, y de hecho, muchas personas de buena fe creen estar haciendo una labor genuinamente orientada a defender los derechos humanos en diversos puntos del globo, lo que provee a AI de una mampara “civil”.
Sin embargo, el flujo de los temas y de los países tratados es canalizado a través de rigurosos filtros que se encargan de que la orientación general de la organizacion se mantenga dentro de los lineamientos del Departamento de Estado, el Pentágono y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El primer filtro es ideológico, y consiste en las ideas dominantes de las sociedades de los países imperialistas, sometidas a la más cínica y refinada propaganda de los medios monopólicos de comunicación:
El filtro ideológico funciona tanto en la elección de “causas” de derechos humanos consideradas legítimas en esas sociedades, como en la limitación a los derechos políticos y las libertades individuales, dejando totalmente de lado temas como el de los derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. De esta forma, efectivamente se rechaza todo tipo de enfoques sistémicos tildándolos de agendas políticas.
Por otro lado, ese filtro descontextualiza la crítica de los derechos humanos en países que llevan adelante intentos serios por restituir o profundizar los derechos humanos de sus ciudadanos en el marco de proyectos políticos independientes del iperio que necesariamente deben tener sus agendas propias de prioridades y sus propios ritmos de desarrollo.
Otro filtro que encauza la actividad de AI son los grupos de seudoactivistas infiltrados en la organización con la tarea de promover campañas de desinformación y propaganda ocultas tras un manto de idealismo. Estos grupos están formados por miembros de redes de influencia política con objetivos muy concretos y áreas geográficas y temáticas muy definidas.
Los otros filtros son los de las cúpulas que controlan la red en cada uno de los países en los que opera. Esas cúpulas de burócratas fuera de todo control democrático real son las encargadas de emitir comunicados y organizar campañas internacionales en el área de los derechos humanos.
A menudo estas campañas son orientadas a resaltar y ensalzar la labor de agentes sobre el terreno en países designados como objetos de desestabilización pagados por las propias agencias gubernamentales de los estados imperialistas, con lo que se cierra el círculo del carácter seudocivil-militar de su actividad.
La mafia de AI actúa de manera selectiva, lo que le permite mantener una apariencia progresista al dar libertad relativa a sus grupos en países y coyunturas que no son relevantes a los intereses imperiales, para concentrar su dirección político-propagandística en los momentos y los lugares en los que un comunicado de la organización puede ser utilizado para justificar las agresiones imperiales.
Cuando AI critica una masacre imperialista, un caso de tortura, un caso de detencion arbitraria específico, lo hace siempre demasiado tarde o con voz demasiado débil, de modo que las consecuencias de esa violación a los derechos humanos puedan ser debidamente neutralizadas o digeridas por la maquinaria de indoctrinación y desinformación del imperio.
Actuando en conjunto con otras redes transnacionales del complejo mafioso de los derechos humanos como Human Rights Watch o la altamente infiltrada Federación Internacional de los Derechos Humanos, AI contribuye a dar una impresión de pluralismo a este sistema de justificación ideológica del genocidio.
Se trata de un complejo burocrático, estatalmente controlado y corrupto que cumple con la doble función de justificar las campañas imperialistas y de servir de fortalecer la legitimidad del aparato de indoctrinación ideológica de los medios monopólicos occidentales.
Su carácter corrupto y mafioso se deriva, no sólo de las oportunidades de avance profesional y social que ofrece a algunos de sus funcionarios y figuras mediáticas, sino también de su total falta de escrúpulos en la manipulación de las conciencias con fines despreciables.
Como en el caso de la CIDH, el poder de estas redes mafiosas a nivel global irá perdiendo coherencia a medida que se vaya fortaleciendo el nuevo orden multipolar en curso y a medida que avance la descomposición económica, política y moral de los países imperialistas.
En América Latina, los pueblos han dicho basta y comienzan a sacudirse el pesado yugo de la OEA como ministerio de colonias del imperio y su aparato de justificación derechohumanitaria. Lo mismo sucederá a nivel global a medida que, ante el descalabro de Occidente, los pueblos vayan recuperando sus soberanías y reclamen un orden justo que le de a los derechos humanos la dignidad que se merecen.

La industria derechohumanitaria y la libertad de expresión en Nicaragua

Por Jorge Capelán, Octavio Corea y toni solo / Tortilla con Sal.

En los últimos 30 o 40 años la legítima preocupación de velar por los derechos humanos se ha explotado con motivos políticos hasta crear una verdadera industria de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales al servicio de los gobiernos de los países de la OTAN. La agresión neocolonial contra Libia demostró que un pequeño grupo de organizaciones desleales y anti-democráticas pueden montar una campaña de desinformación en el sistema de las Naciones Unidas para provocar una agresión devastadora contra un país y su pueblo.1
La organización internacional protagonista de esa campaña contra Libia fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)2, financiada por diversos gobiernos europeos y el National Endowment for Democracy (NED)3, notoria herramienta estadounidense de la desestabilización. Los miembros del FIDH son organizaciones muy heterogéneas. Sin embargo, su orientación general como institución no deja la menor duda de que es otra herramienta importante de la maquinaria de represión y control de los gobiernos de los países norteamericanos y europeos de la OTAN.
Una función estratégica de organismos como la FIDH es la de extender la desinformación desde el campo mediático al campo del derecho internacional. Lo hacen por medio del sistema del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Ocupan su espuria autoridad moral como organización de derechos humanos para difundir información falsa sabiendo que es poco probable que sus mentiras y distorsiones lleguen a ser contrastadas por fuentes veraces y verdaderamente independientes.
Por otro lado, organizaciones como la FIDH, que a veces publican informes muy críticos sobre gobiernos que no son objeto de planes de intervención por parte de las potencias de la OTAN, generalmente debido a que siguen una línea de comportamiento deseable a los ojos de las potencias occidentales, participan en el uso político selectivo que se hace de esos informes en el sistema de Naciones Unidas. Nunca se ha visto a la FIDH, a Amnistía Internacional o a Human Rights Watch protestar por el hecho de que sus afirmaciones acerca de un gobierno hayan sido utilizadas como justificación de una guerra de agresión de la OTAN, mucho menos hacerse la autocrítica por haberse prestado al juego de intereses de conquista que nada tienen que ver con los derechos humanos.
Otra función estratégica de organizaciones como la FIDH es la de alimentar a los medios corporativos occidentales con el material requerido para desatar despiadadas y cínicas campañas de desinformación. Con este material se extiende masivamente la capacidad de guerra psicológica de las élites occidentales contra los gobiernos y movimientos que resisten su voluntad. Por supuesto, de vez en cuando, entre la extensa cantidad de desinformación que producen esas organizaciones denominadas de “derechos humanos” hay información acertada que sirve para disfrazar el verdadero propósito de su despliegue mediático general.
En el caso de la FIDH y América Latina, por ejemplo, se puede notar que la organización expulsó a Ramón Custodio López4 por haber colaborado con el golpe militar contra el gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya en Honduras. También se puede observar que, en relación a Colombia, la FIDH incluye como miembro al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo5. Pero en el caso de Libia, la FIDH permitió que la Liga Libia de Derechos Humanos definiera su política en base de información falsa sin el menor intento de averiguarla6. Lo mismo está haciendo ahora en el caso de Siria por medio del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el Damascus Center for Human Rights Studies, las dos financiadas por la NED.7
La operación ideológica de ocultación de los verdaderos intereses imperiales tras motivos de apariencia noble no es difícil de entender:
Primero, en las áreas en las que el propio accionar del imperio y sus fuerzas clientelares desde el poder del Estado producen cantidades masivas de violaciones contra los derechos humanos, se normalizan las prácticas del terrorismo de estado desplazando su responsabilidad a algún actor local supuestamente fuera de la influencia de la OTAN, al tiempo que se construye a un oponente que, por haber sido previamente definido como portador del “virus del mal”, está de antemano descalificado para cumplir con el más insignificante rol de interlocutor político. De esta manera, la violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado o por las fuerzas de ocupación son vistas como aberraciones de un sistema esencialmente bueno o deseable – es decir, de acuerdo al ideal de los “derechos humanos”. Esto crea una estructura que permite la resignación total de la opinión pública y una aceptación de hecho, de la situación de ocupación/intervención/dominación imperantes.
Segundo, en las áreas en las que existe un interés de parte de las potencias atlantistas en alcanzar lo que denominan un “cambio de régimen”, se procede a construir o apoyar una quinta columna de actores internos que, denunciando violaciones reales o inventadas, den credibilidad a una imagen totalitaria de la sociedad en cuestión al mismo tiempo que se construye una “sociedad civil” víctima de los abusos del estado al que se pretende desestabilizar y conquistar. La aceptación de esa versión por parte del público, en especial en los propios países de la OTAN, neutraliza toda oposición eficaz a las intervenciones político-militares en los países imperiales aun cuando sus objetivos sean aparentes para millones de ciudadanos, ya que “si el río suena piedras trae“, y algo de la propaganda sobre los supuestos abusos del enemigo debe al fin y al cabo ser cierto como para que éste merezca cualquier tipo de solidaridad eficaz.
La “teoría de los dos demonios” (“Sí, nuestros muchachos o sus aliados cometen atrocidades, pero el enemigo es también sórdido y malo” o “sólo porque detestas al imperialismo no te vas a ir a abrazar al gobierno x o y“) ha sido siempre un efectivo método para neutralizar la oposición doméstica a los crímenes cometidos en nombre del colonialismo y el imperialismo. Tiene la ventaja de construir relatos de apariencia realista sobre el mundo y además ofrece fuertes incentivos morales para que la opinión de Occidente apoye, tolere o no se oponga con mayor tenacidad a las intervenciones y al mismo tiempo mantenga vivas las ilusiones acerca de la superioridad moral ‘en ultima instancia” de la propia sociedad (“Al menos en Occidente somos libres de protestar“, etcétera).

En el caso de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es miembro del FIDH y actúa a nivel internacional de precisamente la misma manera falsa y políticamente sesgada que han hecho la Liga Libia de Derechos Humanos y sus homólogos sirios. CENIDH está plenamente identificada con la oposición de “centro-derecha” (en realidad, de ultraderecha8) en Nicaragua.9 Su financiamiento depende principalmente de los gobiernos europeos de la OTAN. Su sesgo político es notorio.
La directora del CENIDH es Vilma Nuñez de Escorcia. De familia conservadora, ella fue una jueza bajo el sistema politizado de justicia de la dictadura somocista. En esa época, los magistrados liberales se reunían con los “opositores” conservadores y elegían a los jueces, proporcionalmente a razón de un conservador por cada tres liberales a partir de una lista previamente elaborada por cada partido. En nuestros días, Núñez ha llegado a afirmar que en esos tiempos “la justicia no estaba politizada”.10
Más tarde, Núñez pasaría a convertirse en valiosa (y valiente) abogada defensora de los guerrilleros sandinistas, razón por la cual el “no-politizado” sistema judicial somocista la mandó a la cárcel.
Durante la revolución de los 1980s, Vilma Núñez fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también fue directora de la Comisión Nicaragüense de la Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
En 1990 ella y sus colegas formaron el CENIDH11. Durante la primera mitad de esa década la organización se ganó un amplio respeto, al criticar los abusos cometidos por todos los actores políticos del país. Sin embargo, a mediados de esa década, un grupo de sandinistas, principalmente miembros de la bancada del FSLN así como ex altos funcionarios estatales e intelectuales, decidió ir en contra de la voluntad del congreso del partido y más tarde formó una escisión de orientación socialdemócrata conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Vilma Núñez desde entonces se ha identificado con dicha facción política. Actualmente se ha alineado con sus compañeros del MRS apoyando las filas de la oposición derechista de la Alianza PLI.
Desde su puesto como vicepresidenta de la FIDH12, Vilma Núñez ha avanzado en la práctica una política fanáticamente anti-FSLN bajo la cobertura de los “derechos humanos” que en lo fundamental sigue la línea de la Unión Europea y de los Estados Unidos de boicot permanente al sandinismo.
Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2011, la FIDH publicó un comunicado con el título “Campaña de desprestigio llamando al odio contra la Presidenta del CENIDH13 en el cual se condenan supuestas “declaraciones llamando al odio contra la Doctora Vilma Núñez de Escorcia”. En el texto se asegura que “a lo largo del presente año, el Gobierno de Nicaragua ha difundido periódicamente publicaciones orientadas a descalificar y deslegitimar a la Dra. Vilma Núñez”.
El comunicado de la FIDH menciona un artículo publicado en la página web de la Nueva Radio Ya el 1 de noviembre en el que se vertían unas declaraciones dadas a esa emisora en una entrevista unos días antes por uno de los autores del presente artículo.14
En la entrevista se llamó a Núñez “deshonesta e inmoral” por escudarse en el discurso de los derechos humanos para en la práctica promover la desestabilización de un gobierno que goza de una amplio respaldo popular. Además, se le acusó de “promover la muerte y la inestabilidad de gobiernos legítimos” a propósito del papel desempeñado por la FIDH en Libia y otros lugares y se denunció al CENIDH como una organización “malinchista y colaboracionista con fuerzas extranjeras”, calificando a la Dra. Vilma Núñez, de “mercenaria” al servicio de los fondos de potencias extranjeras. Cabe decir que todas estas acusaciones están fundamentadas y documentadas en profusos estudios sobre el tema.15
Claramente, la FIDH llama “campaña de desprestigio e incitación al odio” lo que no es más que un debate ideológico – aún uno sostenido en términos muy ásperos. En realidad, Vilma Núñez, el CENIDH y la FIDH producen persecuciones y campañas de desprestigio de lo que no son más que respuestas a ataques verbales sumamente violentos proferidos repetidamente desde los dos únicos periódicos de circulación nacional y de algunas radioemisoras cercanas a la Alianza PLI-MRS con la que Núñez se ha alineado.
A continuación, citas de declaraciones de Vilma Núñez sobre el presidente Daniel Ortega tomadas de una selección aleatoria de artículos publicados por El Nuevo Diario (END) de Managua durante el año 2011. La selección es muy pequeña, ya que tanto END como La Prensa han publicado las vociferantes declaraciones de Núñez varias veces a la semana desde hace varios años.
En una entrevista a END el 15 de noviembre de 201116, luego de las elecciones17, Vilma Núñez llama al mandatario “una persona sin escrúpulos, sin ética, sin moral“. “Aquí se ha consumado el fraude más sucio, más rebuscado, que mafia alguna en la historia de un país puede haber cometido“, agregó.
Acusando al presidente de llevar adelante una “escalada de represión”, Núñez asegura que “la Policía está completamente desacreditada, ya se convirtió en un instrumento de represión de un régimen corrupto y dictatorial“.
“Me arriesgo a que esta gente, como es ignorante del tema de los derechos humanos, mal interprete lo siguiente, pero existe en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el reconocimiento a la rebelión, que cuando todos los espacios legales se te cierran para reclamar tus derechos, la gente se ve obligada a recurrir a rebelarse, a luchar, a protestar”, manifestó Núñez a END en esa ocasión. Este, en realidad es un leit motif en la agresiva retórica de Núñez.18
Por ejemplo, ya el 16 de agosto19 de ese mismo año había dicho a END: “Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que estos derechos deben respetarse para que la gente no se vea forzada a hacer uso legítimo de la rebelión“.
En esa misma nota asegura a los periodistas que una denuncia del partido PLC en el sentido de que miembros de esa organización se habían pasado como candidatos por la Alianza PLI-MRS sin antes haber renunciado oficialmente a su antiguo partido fue “una maniobra concertada entre el PLC y el FSLN y al Frente Sandinista le interesa tener a sus aliados en el pacto como segunda fuerza en la Asamblea Nacional”. Recordemos que las elecciones del 6 de noviembre resultaron en un desplome del PLC, con un 6% de los votos mientras que la coalición apoyada por Núñez sacó más del 30 por ciento. Vilma Núñez denuncia que hubo un fraude “sucio”, “rebuscado” y “mafioso” el 6 de noviembre, pero jamás ha explicado cómo pudo ser posible que el PLC no quedase en segundo lugar, tal y como había profetizado antes de las elecciones. Parece – y para cualquiera que viva en Nicaragua, efectivamente, es así – que esta persona se considera libre de decir cualquier cosa sin tener que responsabilizarse por ello.
“Si Daniel Ortega quiere mantener por otro período a la primera comisionada (de la Policía Aminta) Granera tendría que reformar la Ley, y para eso solo necesita 47 votos, y si no lo hace será solo otra más de las irregularidades del mandatario“, cuestionó Núñez en una nota de END del 21 de julio de ese año.20
A propósito de la salida al exterior de un funcionario señalado por actos de corrupción, Núñez dice el 26 de abril a END21 que “queda en evidencia que Daniel Ortega está usando a determinados funcionarios para obtener (ilícitamente) recursos del Estado, y considero que aquí hay una responsabilidad al más alto nivel“. Si este hecho hubiese sido tan evidente, su deber era denunciar legalmente al mandatario, pero no lo hizo. ¿Por qué?
El 20 de febrero, END publica una entrevista22 con motivo de que Núñez recibió la Orden Legión de Honor del Gobierno de Francia, al cual, dijo al diario, “no voy a fallar”. ¿Cómo puede Núñez llamar desprestigio al hecho de que se la señale por malinchismo?
En esa misma entrevista, asegura que “al presidente Ortega, pienso, le interesa mantener a la gente en pobreza porque es la única forma de mantenerlos como clientes de sus migajas“. Agrega que Ortega “no admite cuestionamientos y la crítica está amordazada” (¡?). Al mismo tiempo, afirma que en el gobierno “hay una serie de vicios que van desde el nepotismo, la centralización de poder hasta la corrupción“. Dice que el presidente “concentra poder para defender sus riquezas, él y su familia son partes importantes de la nueva clase rica en el país” y concluye constatando que “esta es una dictadura envuelta en un ropaje de legalidad que ha destruido la institucionalidad del país y se mantiene instrumentalizada a las instancias gubernamentales“.
En resumen, la doctora Vilma Núñez es una persona que cotidianamente se puede dar el lujo de decir en los medios de mayor circulación nacional cosas como que el presidente Ortega carece de escrúpulos, ética y moral; que hace uso del nepotismo, la centralización de poder y la corrupción; que el mandatario y los que le apoyan son ignorantes del tema de los derechos humanos; que el presidente es capaz de hacer los fraudes más sucios, rebuscados y mafiosos de la historia universal; que lleva adelante escaladas de represión; que se apropia indebidamente de los recursos del Estado para sí y para su familia para dirigir un régimen corrupto y dictatorial, y que todo esto hace que la gente se vea forzada a hacer uso legítimo de la rebelión.
Ni Núñez ni miembro alguno de su organización han sido encarcelados por el gobierno del Presidente Ortega. Tampoco han sido enjuiciados por injurias y calumnias, aunque una aplicación mínimamente estricta de las leyes vigentes en el país, y en la mayoría de los países, lo permitiría. Por ejemplo, el comportamiento de una figura pública como la doctora Núñez jamás sería tolerado en un país europeo.
En Ecuador, el Presidente Rafael Correa ha llevado a los juzgados del país al periódico El Universo por haberle calumniado a él y su gobierno. Esta acción legítima de parte del mandatario ecuatoriano resulta del implícito aprobación del periódico del intento de golpe de estado contra Correa en 2010. El proceso judicial contra el periódico El Universo en Ecuador pone de manifiesto la extrema tolerancia del Presidente Daniel Ortega frente a las constantes calumnias contra él y su gobierno. Además pone en cuestión la buena fe de organizaciones como el CENIDH que no tienen ningún fundamento para acusar al gobierno sandinista en Nicaragua de ser una dictadura cuando ese mismo gobierno se apega minuciosamente en su quehacer a la Constitución de la República frente a serios intentos de desestabilización de parte de los sectores de la oposición política en el país.
Por más que se quiera tener una visión crítica del Gobierno de Nicaragua, un hecho evidente para cualquier visitante es el clima de tranquilidad que se respira en el país. No hay huelgas que lo paralicen; no hay manifestaciones multitudinarias excepto las que apoyan al gobierno o las abundantes fiestas populares; los sectores que reclaman un “escandaloso fraude” en los comicios del 6 de noviembre apenas llegan a juntar a un par de miles de seguidores, por lo común, sólo decenas23; Nicaragua tiene las fuerzas de defensa y seguridad más pequeñas del istmo y el trabajo de la policía – un hecho reconocido internacionalmente – no se basa en la represión sino en la prevención del delito; no hay casos de ejecuciones extrajudiciales ni hay casos de tortura a menos que se pretenda banalizar el significado de tales prácticas atroces. Evidentemente, la doctora Núñez exagera (por lo menos).
Sin embargo, la FIDH acepta al CENIDH como un legítimo y confiable interlocutor sobre el tema de los derechos humanos en Nicaragua. El sitio web del FIDH reproduce reportajes en base de la información descaradamente sesgada del CENIDH sin el menor esfuerzo de confirmar su contenido. La FIDH es poco más que otro medio al servicio de los gobiernos de la OTAN de la misma manera que los medios corporativos de guerra psicológica al servicio de las élites de esos países.
La única diferencia entre los informes de la FIDH y la cobertura sesgada de los medios corporativos de los países de la OTAN es que los reportes de la FIDH alimentan directamente el sistema de derecho internacional por medio del sistema de derechos humanos de la ONU. Un ejemplo de este hecho es el informe publicado en el sitio web de la FIDH sobre la fracasada marcha de la oposición nicaragüense en Managua del sábado 2 de abril 2011. El reporte incluye las siguientes mentiras descaradas:
Mentira #1:”El 2 de abril de 2011, miembros de la brigada antimotines de la Policía Nacional impidieron el acceso a la marcha convocada en Managua por varias organizaciones de la sociedad civil contra la candidatura del Presidente Ortega a la reelección en los comicios previstos para noviembre de 2011.”
De hecho la policía no impidió el derecho a marchar de nadie. Los pocos cientos de manifestantes de la oposición rehusaron seguir la ruta que se les había asignado por el gobierno local y deliberadamente intentaron cruzar la ruta de una multitudinaria marcha de manifestantes simpatizantes del gobierno con la clara intención de provocar violencia.
Mentira #2: “Al intentar llegar al punto de inicio de la marcha, Norwin Solano Mairena, Georgina del Socorro Ruiz, Marlin Sierra Palma, Maria José Escobar y Brenda Rojas, integrantes del CENIDH, fueron agredidos por miembros de las fuerzas especiales que obstaculizaban la vía de acceso. También fueron reprimidos por la fuerza policial Byron Rivas y Jairo Contreras de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional así como la Diputada Mónica Baltodano, David Campos, Glenda Orozco y Olivia Delgado Flores…..También resultaron lesionados varios policías.”
Nadie impidió la llegada al punto de inicio de la marcha opositora. Las personas mencionadas rehusaron cumplir con la ruta asignada por la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional con el fin de evitar un choque con la marcha a favor del gobierno. Ningún manifestante fue detenido más que brevemente y ninguno fue seriamente herido. En cambio los manifestantes agredieron seriamente a numerosos oficiales de la policía, incluyendo policías mujeres desarmadas.
Un total de 18 policías, 13 mujeres y 5 hombres, fueron hospitalizados algunos con lesiones muy graves, entre estos traumas cráneo-encefálicos y traumas en extremidades y tórax. Dos fueron puestos en cuidados intensivos. La FIDH resume esta violenta agresión de parte de los manifestantes apoyados por la CENIDH anotando sucintamente: “También resultaron lesionados varios policías.”

En cambio, la polícia se restringió a usar la mínima fuerza necesaria para mantener el orden público que los manifestantes, con quienes CENIDH claramente simpatiza, intentaban romper. Ningún manifestante fue agredido con uso de violencia desmedida.
La prueba de ello es que ningún manifestante acabó gravemente herido en el hospital. El Cenidh no ha presentado la menor evidencia de lesiones causadas a sus integrantes. No hay vídeos, no hay grabaciones de audio, no hay fotos, en suma, no hay material probatorio de las alegaciones que CENIDH ha hecho de graves incidentes de agresión física de parte de la policía, que ese organismo ha reportado como ejemplos de la represión policial. La FIDH encubre esta realidad con su sesgado reportaje.
Mentira #3: “Esta represión resulta particularmente preocupante en el contexto electoral actual, pues evidencia la ausencia de voluntad de diálogo por parte de las autoridades con los sectores de oposición y su afán de acallar las voces críticas.”
La represión a que se refiere la FIDH no ocurrió. La policía en los países europeos o norteamericanos jamás habría tolerado sufrir violencia pasivamente de parte de un grupo de manifestantes que la agredieran. Lo que pasó el 2 de abril 2011 demuestra que Nicaragua tiene una Policía Nacional ejemplar, mucho más profesional y tolerante que sus homólogos en los países de la OTAN.
Aparte de la falsa invocación de una represión fantasma, lo que la FIDH encubre es el cínico y siniestro apoyo de CENDIH a políticos opositores que han amenazado repetidamente con recurrir a la violencia. Aun la misión de observadores de la OEA conducida por Dante Caputo notó esto en su sesgado informe sobre las elecciones del 6 de noviembre 2011. Fue un tema constante de la oposición política en Nicaragua el que se iba a provocar actos de violencia.
De hecho, lo hicieron el día de las elecciones en acontecimientos también confirmados por las misiones de acompañamiento electoral. Fueron simpatizantes de la oposición con los que el CENIDH se alinea políticamente que quemaron varias escuelas, que saquearon las oficinas locales del Consejo Supremo Electoral, y que quemaron vehículos oficiales. El CENIDH sistemáticamente esconde este aspecto violento de las organizaciones políticas con las que simpatiza.24 Entre los hechos violentos del día de las elecciones, dos secretarios políticos del FSLN fueron asesinados, uno de ellos acribillado a balazos por un grupo armado que lo fue a buscar a su domicilio y el otro linchado por un grupo de la Alianza PLI-MRS.
Por otro lado, 46 policías de ambos sexos fueron heridos, seis de ellos de gravedad a causa de disparos con arma de fuego por grupos de la Alianza PLI-MRS. Fue en este contexto de violentas provocaciones por partidarios del PLI-MRS que tres personas murieron en San José de Cusmapa. Como resultado de ese incidente dos policías, un oficial electoral y un secretario político del FSLN han sido condenados y enfrentan entre 15 y 20 años de prisión. El resultado de este juicio demuestra la falsedad de las constantes acusaciones de CENIDH de que el sistema de justicia se maneja de manera políticamente parcializada.
En cambio, CENIDH exagera e inventa para crear la falsa impresión que es una organización perseguida que apoya a víctimas inocentes de una despiadada dictadura. De hecho, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha abierto el diálogo con todos los sectores dispuestos a plantear sus puntos de vista de una manera positiva y razonable. Son precisamente sectores de la fracasada oposición política en Nicaragua que han sido incapaces de reconocer su estatus como minoría y trabajar para convencer la población del país que merecen su confianza y apoyo electoral. Prefieren acudir a la injerencia extranjera porque, evidentemente, es lucrativo y fácil de hacer.
Así que la FIDH recoge el discurso deshonesto del CENIDH y lo regurgita con toda su espuria autoridad moral para alimentar la campaña de odio y desprestigio de los gobiernos de la OTAN contra Presidente Daniel Ortega y el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La FIDH no es un interlocutor de buena fe a favor de los derechos humanos de las personas. Es un organismo altamente politizado al servicio de los gobiernos de la OTAN y sus aliados.
Por su parte la Presidenta de Cenidh, Vilma Nuñez de Escorcia, manipula su cargo en la FIDH para presentarse una y otra vez a nivel internacional como víctima de una campaña de desprestigio y amenazas como en el caso del comunicado analizado al inicio de este texto sobre una inexistente campaña de desprestigio contra Núñez. Ese reportaje cita dos artículos publicados en medios sandinistas que critican a Vilma Nuñez de Escorcia en base de los mismos hechos mencionados en el presente artículo.
Lo que el reportaje publicado por la FIDH no dice es que las acusaciones vertidas en uno de aquellos artículos, el que hace referencia a una entrevista concedida a Nueva Radio Ya por Jorge Capelán, fueron elaboradas mucho antes, no en medios oficiales del FSLN, sino en numerosos artículos publicados en nuestro sitio web Tortilla con Sal25 y en el de Radio La Primerísima26. Radio La Primerisima es un medio independiente de tendencia sandinista en el que el mismo CENIDH y otras ONGs afines políticamente difunden sus propios programas sin la menor censura, frecuentemente atacando el FSLN y el gobierno del Presidente Daniel Ortega en los términos más agresivos y de una manera muy deshonesta.
Entonces, no se trata de una campaña orquestada por el gobierno o el partido del Frente Sandinista. Se trata de la legítima expresión de las opiniones de escritores con una larga trayectoria de escribir y publicar artículos sobre América Latina y el mundo desde una perspectiva completamente independiente. Este mismo hecho demuestra la falsedad del título usado por la FIDH en su reportaje. Lo que hace la FIDH es difamarnos, tildándonos de lacayos serviles partidarios incapaces de pensar por nosotros mismos.
De hecho, la verdad es que la ultraderecha y sus aliados en la oposición política en Nicaragua no aceptan la democracia y la crítica legítima. Son ellos los autoritarios incapaces de aguantar comentario adverso sin gritar que se les reprime. Y tenemos experiencia personal de eso en relación a Vilma Nuñez de Escorcia en el caso de toni solo, ciudadano irlandés que ocupa ese seudónimo para diferenciar sus escritos políticos de su trabajo comunitario.
Hace tres años, Vilma Núñez de Escorcia se encontró en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua con un compañero de una ONG que ejecuta programas de desarrollo comunitario con los que toni colabora. El compañero relata en un e-mail:”Yo me encontraba en el aeropuerto y en él estaba Vilma Núñez, Presidente del Cenidh….ella comentó que toni solo la estaba desprestigiando en Internet con sus escritos que (se) referían el trabajo del Cenidh y (a) su reputación en especial, y que ella tenía el derecho de demandarlo cuando lo considerara.”
La hipocresía de Núñez no pudo ser más clara. Con eso, la “defensora de los derechos humanos” mostró su lado oscuro de naturaleza autoritaria y antidemocrática. Ese incidente trivial también confirma lo que todos sabemos del mundo hipócrita de las ONGs. Predican la transparencia, la democracia y la participación, mientras que en la práctica actúan de la manera más opaca, antidemocrática y exclusiva que se podría imaginar.27
Mucho más grave que las arbitrarias amenazas a escondidas contra la libertad de expresión de algún individuo es la activa y deliberada participación en la maquinaria nefasta de la represión imperial. Cuando el CENIDH o la FIDH opinan arbitraria y sesgadamente que en Nicaragua hay algo que se aproxima de alguna manera a una dictadura hay que notar que lo hacen con total impunidad y libertad. En este sentido, el veredicto del escritor y muy respetado educador Mario Fulvio Espinoza es oportuno. En su artículo “Derechos humanos polarizados”,28 escribe:
“Con tanta alharaca política el CENIDH pretende hacer creer a la ciudadanía que el gobierno y los sandinistas violentan a cada momento la libertad de expresión, sin tomar en cuenta que con sus continuados exabruptos lanzados a los cuatro vientos y cuando les viene en gana, se dan con una piedra en los dientes pues solo reafirman el derecho a la libertad de expresión que protege el estado sandinista.
La falsedad de la afirmación los pone en ridículo cuando, además, la misma presidenta del CENIDH va y viene por donde le da la gana diciendo, aquí y allá, pestes contra nuestro país y su gobierno.”
El justo veredicto final de Mario Fulvio es compartido por mucha gente en Nicaragua, tanto sandinistas como no sandinistas:
“La defensa maniquea de los derechos humanos que practica el CENIDH violenta desde sus cimientos la misma declaración universal de Derechos Humanos de la ONU que ordenan que ningún ser humano será discriminado o preterido por sus creencias religiosas, opción política, raza, clase social, condición económica o cultural, y que todos los seres humanos tenemos derechos iguales ante la ley.

Lo anterior, en otras palabras, señala la finalidad ecuménica que debe ser fundamental para la defensa de los derechos humanos, sin embargo el CENIDH ha hecho de esa causa una bandera política que segrega a su clientela humana. Si el cliente es antisandinista es bien recibido y si no, lo es mejor que busque otro asidero.

Nadie le exige al CENIDH ser sandinista. Pero es lastimoso que un organismo que nació para ser libre, ecuménico, justo, ecuánime, ponderado y sabio, sea ahora un adefesio político que defiende los antivalores de los sectores más retrógrados y corruptos del pensamiento nacional e internacional.”
El 15 de octubre de 2011, el candidato presidencial por el partido derechista Alianza Liberal Nigaragüense (ALN), Enrique Quiñónez, denunció que el parlamentario y candidato por su partido Víctor Boitano promovió la idea de atentar contra el hijo o la hija del presidente Daniel Ortega y de cometer otros actos terroristas con el fin de acusar al Frente Sandinista y empañar su imagen, lo que motivó su expulsión de la organización. Boitano estaba siendo juzgado por haber disparado contra un jóven durante una actividad política meses atrás.

“Se le dejó clarísimo, yo tuve una discusión con él, porque me dijo que estaba planificando, y quería planificar, un atentado, y le dejé clarísimo que nosotros no nos prestábamos a ese tipo de cobardías, mucho menos de que, después del 10 de agosto, hizo disparos, según testigos y luego puso el arma en la camioneta de Álvaro Somoza para implicar a nuestro jefe nacional de campaña”, dijo Quiñónez.

Semanas más tarde, el 20 de noviembre, Boitano daba lectura a una carta en la que denunciaba un plan instigado por la Embajada de los Estados Unidos y la dirigencia de la Alianza PLI-MRS antes, durante y después de los comicios del 6 de noviembre con el fin de lograr una anulación de la voluntad popular expresada en las urnas.

En la carta, Boitano denunció que las “actividades de desestabilización política del PLI-MRS es la plataforma impulsada por los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, DalierSpat, Arthur Nat, entre otros, que operan en el país y que dan atención a los señores Hugo Torres Jiménez, Carlos Brenes, Eduardo Montealegre, Fabio Gadea Mantilla, Irving Dávila, Víctor Hugo Tinoco, Eliseo Núñez, Edmundo Jarquín, Roberto Sancan, Maximino Rodríguez y Santiago Aburto, entre otros”.

Sigue la denuncia de Boitano:

“Estos señores norteamericanos y la dirigencia del PLI-MRS articularon acciones que obedecían a un plan único de desestabilización, consistiendo en desestabilizar el país, desacreditar y desprestigiar al Consejo Supremo Electoral (CSE) y a sus funcionarios, promover actos de violencia, principalmente saboteando la cedulación y torpedeando a los organismos electorales en los territorios, dirigiendo sus acciones principalmente en la zona norte del país, en los poblados de San Fernando, Siuna, Waslala, Rosita, Mulukuku, Río Blanco y Matiguas, etc.

Durante las elecciones bloquearon e impidieron el traslado de materiales electorales, reteniendo las rutas con personal y documentación e incendiando muchas de las boletas electorales, crearon ante la población la confusión sobre los resultados electorales, una vez concluida la votación establecieron malversaciones y movilizaciones violentas con el objetivo de movilizar a gran cantidad de sus seguidores y población manipulada, todo en contra de las instalaciones del CSE, Policía y Ejército.

Las orientaciones que dieron estos funcionarios norteamericanos a sus líderes del PLI -MRS fue transmitida para que hubiera una sensación de desconocimiento de los resultados electorales, cuando los mismos favorecieran al FSLN.

Estos funcionarios han realizado estas acciones con el propósito de convencer, de manera muy manipulada, a los sectores nicaragüenses de las acciones del PLI-MRS. Me han propuesto, dichos funcionarios, sacarme de Nicaragua con mi familia e irme a los Estados Unidos de Norteamérica a denunciar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y a denunciar el proceso electoral para que sea desconocido por la comunidad internacional.

Para nadie es un secreto que yo siempre he dicho que soy un patriota, que soy un soldado, que creo en mi país y que creo en mi nación y que no me voy a prestar nunca a abandonar mi país para ir a hablar en contra del pueblo y del Estado Nicaragüense.

El financiamiento de estos planes desestabilizadores en contra del Estado de Nicaragua, se han hecho a través de los siguientes organismos norteamericanos: el NED, Fundación Nacional para la Democracia, que han utilizado al IRI (Instituto Republicano) y también al Instituto Democrático (NDI).

Estos organismos han manejado fondos de aproximadamente 30 millones de dólares anuales, utilizándolo principalmente en Nicaragua para financiar a supuestos organismos de la sociedad civil y al PLI-MRS.

Yo espero que con esta denuncia y desenmascaramiento de estos planes de desestabilización, las autoridades competentes nicaragüenses y los organismos internacionales establecidos puedan intervenir para que cesen todas estas intervenciones y patrañas en contra del pueblo nicaragüense, que democráticamente ha electo a sus representantes.

No es justo que se siga saboteando este esfuerzo del pueblo nicaragüense, que ha venido cosechando Paz y Estabilidad y ha venido apostando por la democracia, la prosperidad y la reconciliación.

Le pido a las autoridades nicaragüenses su protección, dado que me he sentido amenazado al denunciar todos estos planes de desestabilización de miembros del PLI-MRS y de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

Muchas gracias y que Dios bendiga a Nicaragua.”

Las autoridades nicaragüenses están dando seguimiento a estas acusaciones y más temprano que tarde toda la verdad sobre lo sucedido en las elecciones del 6 de noviembre saldrá a la luz.

No toda la derecha en Nicaragua está comprometida con la agenda fascista de los dirigentes del PLI-MRS al servicio de la OTAN. Ni siquiera todos los diputados de ese partido que lograron escaños a la Asamblea Nacional, y mucho menos la gran mayoría de sus electores, desean provocar una guerra en el país. La inmensa mayoría de los nicaragüenses entiende que una cosa es adversar al gobierno y otra el violar la voluntad de la mayoría ahogándola en sangre. Si el gobierno de Nicaragua no ha metido tras las rejas a esos falsos dirigentes políticos – lo que la mayoría de los gobiernos del mundo en todo su derecho harían – es precisamente porque está comprometido con una agenda de reconciliación en la que el diálogo reemplace a las armas.

Como en el caso de Libia y Siria, la industria “derechohumanitaria” de propaganda y extorsión al servicio de la OTAN muestra en Nicaragua su verdadero rostro.

NOTAS
1
Ver los siguientes videos que demuestran como el caso contra el gobierno de Libia fue fabricado de la nada por grupos de derechos humanos sin ningún fundamento real :
http://www.youtube.com/v/acEedYLMZLc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j4evwAMIh4Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MmahzMfw6T4
2http://www.fidh.org/-espanol-
3El Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado y financiado en su casi totalidad por fondos del gobierno estadounidense, es el encargado de promover movimientos que sigan los lineamientos de los EE.UU en el globo. Según la investigadora Eva Golinger, en total, la NED destinó 6.4 millones de dólares a grupos de oposición en países ALBA en 2009. Venezuela encabezó la lista ese año con 1.8 millones de dólares (más que el doble del año anterior) seguida por Cuba con más de 1.5 millones, Bolivia con 1.36 millones, Ecuador con 1.1 millones y Nicaragua, con más de 600 mil dólares. En 2009, dedicó un total de 623 mil 180 dólares (unos 13,1 millones de córdobas) a unos 9 grupos de la denominada “sociedad civil” opositora al gobierno sandinista de Nicaragua. Esto fue apenas un poco más de los 620 mil 300 dólares que dedicó a ese mismo fin en 2008 y considerablemente más de los 330 mil 735 dólares dispensados a los grupos opositores en 2007. Entre los receptores de fondos de la organización los últimos años se encuentran el COSEP, el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (INEH), el grupo político Movimiento por Nicaragua (MpN) y su organización de fachada Fundación Iberoamericana de la Cultura, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la Asociación Hagamos Democracia (Hagamos), la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), el Grupo FUNDEMOS (Fundemos) del multimillonario Manuel Ignacio Lacayo y el Grupo ProJusticia (otro socio del MpN). Los datos son tomados de los informes anuales publicados en la web de la organización http://ned.org
4 En julio de 2009, la FIDH expulsó al Doctor Ramón Custodio Lopez, entonces Comisionado Nacional de los Derechos de Honduras. El motivo de la expulsión fue el apoyo de Custodio López al golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Este funcionario, que en la década de los ochenta era reconocido como una de las pocas voces que se levantaban para denunciar las violaciones y abusos cometidos por las fuerzas armadas hondureñas, actuó en el mes posterior al golpe de forma totalmente opuesta llegando a participar en el equipo de gobierno del golpista Roberto Micheletti.
5El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” es una Organización No Gubernamental de derechos humanos de Colombia que desde hace más de 30 años ha denunciado el terrorismo de Estado en ese país. Las investigaciones del colectivo han conducido a la sanción disciplinaria o penal de miembros de la Fuerza Pública por este tipo de crímenes.
6 Ver el documental “La Guerre Humanitaire” (2011), de Julien Teil, que demuestra lo absurdo de los argumentos y la manera fraudulenta en la que se manipuló la carta de los derechos humanos para sacar adelante la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Libia basada en la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”. http://laguerrehumanitaire.fr/
7 http://laguerrehumanitaire-lefilm.tumblr.com/Syria
8Las denominaciones políticas son engañosas cuando se refieren a un movimiento inserto dentro de una estrategia de cambio de régimen. Estando los objetivos últimos de la operación fuera del control de esos movimientos, su actividad no está puesta en función de la construcción de un proyecto sino de la destrucción de las instituciones de la sociedad objeto de intervención. Esto es especialmente evidente en el caso de la Alianza PLI-MRS, el movimiento político con el que se identifica el CENIDH. Una característica de este grupo es la de mantener un doble discurso: Hacia los medios europeos y estadounidenses, se presenta como de “centroderecha”, pero dentro de Nicaragua muestra otra cara.
El candidato presidencial de esa organización para las elecciones del 6 de noviembre de 2011 fue el empresario radial Fabio Gadea, ex miembro del Directorio de la Contra en los años 80s y ex presidente del Partido de la Resistencia. Desde hace 30 años, la radio de Gadea se ha caracterizado por ser un órgano de propaganda ultraderechista apoyando las causas más reaccionarias en todos los campos. El propio Fabio Gadea es un homófobo confeso, lo que ha hecho constar en mútiples crónicas y artículos de opinión publicados en diarios locales como La Prensa. La última vez, en agosto de 2011, provocó la justificada ira de la comunidad gay de Nicaragua al decir en el programa televisivo Esta Semana de Canal 12: “No me gusta ver a dos hombres en la calle agarrados de la mano, no me gusta” finalizando su comentario y dirigiéndose al presentador, Carlos Fernando Chamorro, con otra pregunta “¿decime algo a vos te gustaría? Contéstame Carlos ¿Te gustaría?” Por su parte, el banquero Eduardo Montealegre, ex ministro liberal, candidato y operador tras la Alianza PLI-MRS, en 2009 se convirtió en el primer político a nivel mundial, junto con la congresista anticubana Ileana Ros-Lehtinen, que reconoció el gobierno golpista y de facto de Roberto Micheletti en Honduras. Por último, el compañero de fórmula de Gadea en las elecciones del 6 de noviembre, el dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín, se presenta como progresista a los ojos occidentales, sobre todo en temas como la lucha por el derecho al aborto, del que se dice promotor (a pesar de que su camarada Gadea es de la opinión contraria). Sin embargo, el propio MRS, que se dice cercano a la socialdemocracia, no critica al neoliberalismo. El propio Jarquín hizo carrera en los 90s como funcionario del BID. En términos políticos, su organización recomendó al pueblo salvadoreño en las últimas elecciones votar por el ultraderechista ARENA (el partido de los Escuadrones de la Muerte en la guerra de los 80s) para evitar una victoria del FMLN, aliado del Frente Sandinista. En agosto de 2010, Jarquín argumentaba desde las páginas de El Nuevo Diario que “hay dictaduras y dictaduras”, la de Ortega siendo la peor de todas, inclusive la de Roberto Micheletti en Honduras. Para Jarquín, el ambiente que se respiraba en su país debía ser tan opresivo que la semana anterior, entre el 21 y el 24 de julio, tuvo que irse a tomar un poco de aire fresco a Tegucigalpa, a participar en un seminario sobre “transparencia y gobernabilidad” organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entonces militarizada para reprimir las protestas de los estudiantes y profesores. La actuación de este tipo de oposición desafía la noción de oportunismo y más bien la acerca al fascismo, teniendo en cuenta que dicha actuación no está orientada a lograr las condiciones para una competencia entre planteamientos políticos diferentes, sino a subvertir las instituciones que la hacen posible e imponer un proyecto de élite basado en intereses puramente personales – todo ello, paradójicamente, en nombre de la democracia, la transparencia, la legalidad y …. los derechos humanos.
9 La hipocresía de los derechos humanos en la era del “poder inteligente” 22 de febrero 2010 – http://tortillaconsal.com/tortilla/node/5359
10 La Prensa, Suplemento dominical del 7 de febrero de 2010.
11 El CENIDH fue fundado en mayo de 1990, según la propia organización.
12 Núñez fue electa para ese cargo durante el 34 congreso de la FIDH a inicios del año 2001. Entonces declaró a El Nuevo Diario que “una de sus primeras gestiones” sería la de “proponer una de estas misiones para la observación de la elecciones presidenciales en Nicaragua”. Fuente: El Nuevo Diario, 18 de enero de 2001.
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2001/enero/18-enero-2001/nacional/nacional10.html
13 http://www.fidh.org/Campana-de-desprestigio-llamando
14 El artículo en cuestión desapareció luego de una remodelación total del sitio de la Nueva Radio Ya (http://www.nuevaya.com.ni/) a fines de 2011. Sin embargo, éste no es esencial para la argumentación que se hace en el presente texto.
15 Por ejemplo: “…Pero la ONG de derechos humanos más beneficiada por los suecos ha sido el antisandinista CENIDH de Vilma Núñez. Según la ONG ‘paraguas’ sueca ForumSyd, el CENIDH recibió de la organización un total de 6,4 millones de coronas (unos 19 millones de córdobas) de ayuda entre 2000 y 2006 para un promedio anual de más de 3 millones de córdobas. Suecia fue sólo una de las fuentes de financiamiento de una ONG vinculada al MRS y últimamente al ultraderechista Eduardo Montealegre. Según Oxfam, el CENIDH recibe, además de ASDI/Forumsyd, financiamiento de organizaciones como Hivos (Holanda), Pan para el Mundo (EEUU), NORAD (Noruega), PRODENI, Iniciativa Cristiana Oscar Arnulfo Romero (Alemania), INKOTA (Alemania), CAFOD y Ayuda Popular Noruega.
Entre enero de 2005 y junio de 2008 Suecia canalizó al CENIDH a través de ForumSyd (código 62000340, también 15150 y 15162) un total de tres millones 68 mil coronas (unos 8 millones 929 mil córdobas) con la motivación de que la ONG de Núñez ‘ha desarrollado un eficiente modelo multidimensional para defender y promover los derechos humanos’. La ayuda de ForumSyd al CENIDH siguió a un ritmo de unas 300 mil coronas suecas (casi 900 mil córdobas) al año hasta 2009, un año después de su expiración oficial, y es de sospechar que ésta ayuda continuará hasta 2011 que es el año programado para la finalización definitiva de la cooperación sueca en Nicaragua. O sea que desde enero de 2007 a la fecha, la distribución de la ayuda sueca en el terreno de los Derechos Humanos de acuerdo a la base de datos de la Unión Europea ha sido la siguiente: CPDH, 172 mil coronas; CENIDH, 1 millón 606 mil coronas; Procuraduría de los Derechos Humanos, cero”.
Jorge Capelán, Sopa de Siglas y Letras para la Subversión Antisandinista, en Revista Correo #9 abril – mayo de 2010, Managua.
16 http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/233289
17Los resultados de las elecciones del 6 de noviembre fueron reconocidos por los observadores del Protocolo de Tikal, así como por cientos de observadores independientes. Recientemente, el jefe de misión de la OEA en Nicaragua reveló que el conteo rápido realizado por los observadores de la organización se acercaba al resultado final del Consejo Supremo Electoral que dio la victoria al FSLN por 62.4 por ciento de los votos. Para, Raúl Obregón, Gerente General de M&R Consultores, una firma independiente de encuestas, todas las encuestadoras reflejaron la misma tendencia general hacia un apoyo masivo al partido sandinista. (Sobre esto, ver “Entrevista a Raúl Obregón Gerente General de M&R Consultores” en http://tortillaconsal.com/tortilla/node/10259)
18El derecho a la rebelión ante la tiranía está consagrado, primero, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que además explicita que que las partes en conflicto se deben someter a las decisiones del Consejo de Seguridad y reconoce. Acerca de este derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Nótese que Vilma Núñez hace de juez y parte. Acusa al gobierno de ser “un régimen corrupto y dictatorial” y acto seguido amenaza con una rebelión, algo a lo que le asiste todo el derecho en su cualidad de persona y ciudadana. Pero al tomar una posición de esa naturaleza, también debería estar dispuesta a aceptar las responsabilidades que ello implica como dirigente política. Para Núñez, los derechos humanos son claramente un medio de impunidad política, lo que en realidad erosiona y destruye las bases mismas de cualquier estado de derecho.
19 http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/110836
20  http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/108373
21  http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/100464_porras-sali%C3%B3-con-la-protecci%C3%B3n-de-ortega
22  http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/95187
23La situación surgida antes, durante y después de los comicios del 6 de noviembre en Nicaragua, es radicalmente diferente, por ejemplo, de la acontecida en las cuestionadas elecciones del año 2006 en México que resultaron en la victoria del actual presidente Felipe Calderón. En México, cientos de miles, millones de ciudadanos llenaron plazas como la del Zócalo, en el Distrito Federal, durante semanas y meses de protestas contra lo que consideran fueron unas elecciones fraudulentas. En Nicaragua, nada de eso ha ocurrido. Los actos de violencia que se han presentado han estado focalizados en zonas rurales específicas del país y llevan la marca de haber sido instigados durante largo tiempo con un trabajo consciente y premeditado.
24Según el informe que entregó el Ministerio de Educación (Mined) a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los daños causados en 65 escuelas de 24 municipios del país por los grupos violentos de la Alianza PLI-MRS durante los comicios del 6 de noviembre asecendieron a más de un millón de córdobas, un hecho que fue calificado por el Procurador Omar Cabezas como “una vergüenza nacional”.
25http://tortillaconsal.com
26http://rlp.com.ni
27Un ejemplo de ello es que desde hace por lo menos dos años y medio, en la página titulada “Quienes nos apoyan?”, en el sitio web del Cenidh, no aparece lista alguna de benefactores de la organización. ¿Es esta la forma de actuar de una organización seria? ¿Es esta la forma de actuar de una organización que dice velar por la transparencia? (ver http://www.cenidh.org/apoyan.php )
28 “Derechos humanos polarizados”, 17 de diciembre 2011 – http://tortillaconsal.com/tortilla/node/10505

La amnesia de AI y Libia

Por Jorge Capelán, RLP/TcS.
Nadie debería sorprenderse por el hecho de que el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional (AI), sin mayores explicaciones “haya olvidado” la votación en su sitio web por el “Héroe de los Derechos Humanos” del mes de diciembre, que hasta el último día tenía a la cabeza de la preferencia de los internautas nada más ni nada menos que al líder libio Muammar Al Gaddafi, atrozmente asesinado por bandas de mercenarios apoyados por la OTAN.
Con semejante respuesta del público, “Amnesia Internacional” (Capítulo EE.UU.) decidió “olvidarse” del concurso y silenciar tan incómodos resultados.
Esto no es nada extraño, ya que, como revela un artículo de la Red Voltaire de fines de noviembre pasado, Suzanne Nossel, la entonces flamante directora ejecutiva de AI-EE.UU. fue asistente de nada más ni nada menos que Hillary Clinton y de Richard Holbrooke – entre otras cosas el encargado por Bill Clinton en los 90s de obligar a los serbios a firmar los bochornosos “acuerdos de Paz” de Daytona que terminaron con el bombardeo de la OTAN a ese país balcánico.
“En el desempeño de sus tareas en el Departamento de Estado, ella (Nossel) diligentemente explotó los derechos humanos para beneficiar ambiciones imperiales”, escribe la Red Voltaire.
El currículm de Nossel la calificaba para semejantes tareas al servicio del gobierno estadounidense, ya que anteriormente había trabajado para Human Rights Watch y para empresas de medios como Bertelsmann Media Worldwide y the Wall Street Journal.
Red Voltaire escribe que “los directivos de AI-EE.UU. juzgaron que el compromiso de Nossel con las administraciones (Bill) Clinton y (Barak) Obama era prueba suficiente de su competencia, y decidieron no echarle en cara los crímenes cometidos en Yugoslavia, Afganistán, Irak, el Líbano, etcétera” – crímenes todos ellos en los que participaron sus ex jefes en el Departamento de Estado.
“La señora Nossel ha lanzado varias campañas contra Irán, Libia y Siria. En meses recientes, ella se hizo un nombre al desinformar al Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en Ginebra con el fin de conseguir la resolución del Consejo de Seguridad que autorizó la guerra contra Libia”, agrega la Red Voltaire.