¿Qué hay tras la campaña a favor de Puracal?
Por Jorge Capelán | Radio La Primerísima / Tortilla con Sal.
Estados Unidos y la Unión Europea, los dos campeones mundiales en detenciones arbitrarias, famosos el uno por casos como el de las cárceles de Guantánamo y Abu Grahib así como por su red global de prisiones secretas, y su cómplice al otro lado del mar, famoso también por haber colaborado en el montaje de esa red y por sus centros de detención de decenas de miles de inmigrantes indocumentados, llevan adelante una campaña para liberar a una persona convicta por narcotráfico en Nicaragua: Una maniobra más y un claro ejemplo de la labor de ese tándem que ha cooptado y corrompido todo el sistema internacional de los Derechos Humanos.
«Expreso de Medianoche» en Centroamérica
En agosto de 2011, el ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal fue condenado por la justicia de Nicaragua a 22 años de prisión por narcotráfico y lavado junto con otros 10 nicaragüenses también condenados a largas penas.
Nueve meses antes, el domicilio y la oficina de Puracal habían sido registrados por las autoridades nicaragüenses sin una orden de arresto, procedimiento contemplado en el código penal del país para aquellos casos serios en los que se sospecha que el investigado puede llegar a deshacerse de las pruebas. Usando tecnología de punta (por cierto, brindada por los propios Estados Unidos) se encontraron trazas de droga en el vehículo de Puracal así como abundante documentación que, según las autoridades judiciales nicaragüenses, fundamenta los cargos contra él y el resto de miembros de la red en la que participaba.
El estadounidense ha apelado la sentencia y esta semana comienzan las audiencias en Managua.
La historia de Puracal, un ex voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos que luego de cumplido su servicio en Nicaragua decidió quedarse en el país donde contrajo matrimonio y adquirió una franquicia de bienes raíces, ha dado lugar a una campaña internacional sin precedentes en la que una petición de libertad a su favor organizada en la Internet ha llegado a recabar más de 90 mil firmas.
Esto es comprensible, dada la facilidad con que es posible convertirla en un paralelo a la de la famosa película de Alan Parker con guión de Oliver Stone, Expreso de Medianoche (1978), en la que un estadounidense es sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de drogas en Turquía. Con el paso de las décadas el filme, basado en una historia real, se ha convertido en un clásico de la islamofobia y del cliché que retrata a todos los países de la denominada «periferia» no-occidental como lugares sin ley en los que las almas blancas están expuestas a toda clase de tormentos, incluso abusos sexuales, de parte de unos nativos corruptos, desalmados e impredecibles. Luego de años de soportar condiciones inhumanas y de abandonada toda esperanza de apoyo de parte del gobierno estadounidense, Billy Hayes, el protagonista de la película, decide huir de la prisión por sus propios medios.
El caso de Puracal ha sido apoyado por grupos estadounidenses como el Innocence Project (Proyecto Inocencia) y ha recibido apoyo de personas influyentes como «el ex director de la DEA estadounidense Tom Cash, que ayudó a enjuiciar al capo colombiano Pablo Escobar, y el ex ministro de justicia y fiscal de la nación de Canadá, Irwin Cotler, que escribió una carta inflamatoria al presidente Daniel Ortega diciendo que lo de Puracal era una ‘detención arbitraria’ y ‘un serio abuso de justicia'», según la publicación Nicaragua Dispatch. Hasta una orden del prestigioso Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU recomienda a Nicaragua la «inmediata liberación» de Jason Puracal.
Según la versión de los defensores de Puracal, a éste no solamente se le habría violado su integridad al registrar las autoridades nicaragüenses su vivienda y su lugar de trabajo sin una orden judicial, sino que además se le habría negado el debido derecho a la defensa; se le habría juzgado más allá del período legalmente establecido; se le habría obligado a vivir junto con otros siete prisioneros en la misma celda, y hasta se le habría forzado a quemarse con un calentador de agua (¿?) que usaba en la prisión.
Todas estas acusaciones han sido negadas tajantemente por el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur (Granada y Rivas), doctor Norman Miranda Castillo, que a su vez acusó a la embajada estadounidense en Managua de intromisión en el curso de la justicia en Nicaragua.
La «Responsabilidad de Proteger» a los narcos
El pasado 24 de mayo, el secretario del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Miguel de la Lama, envía una carta respondiendo a un caso remitido por Jared Genser, a nombre de la organización «sin fines de lucro» Perseus Strategies, LLC. En la carta, de la Lama le comunica a Genser que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en su sexagésimo tercera sesión emitió el «texto de opinión», numero 10/2012 sobre Puracal.
El Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias fue establecido por la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otras cosas para investigar casos de privación de libertad arbitrarios o inconsistentes con la Declaración Universal de los Derechos humanos, tarea que según las Naciones Unidas debe ser llevada a cabo «con discresión, objetividad e independencia».
El «texto de opinión» enviado por el grupo de la ONU al Gobierno de Nicaragua, aclara que el organismo de derechos humanos no puede pronunciarse acerca de los cargos presentados contra Puracal ni tampoco acerca de la evidencia presentada contra él por el Estado de Nicaragua. Sin embargo, y en vista de que el Gobierno nicaragüense no respondió a las acusaciones formuladas por el grupo en el plazo estipulado de dos meses, éste recomendaba a Nicaragua la liberación inmediata de Puracal, y la realización de un nuevo juicio en caso de que se crea necesario, sin perjuicio de indemnizarlo por los supuestos daños causados a su persona. Evidentemente, una carta de ese organismo de la ONU, inmediatamente se convierte en una poderosa arma mediática.
Los miembros del Comité son Malick El Hadji Sow, de Senegal; Shaheen Sardar Ali, de Pakistan; Roberto Garretón, de Chile; Mads Andenas, de Noruega y Vladimir Tochilovsky, de Ucrania. Es fácil descubrir la fuerte influencia de la Unión Europea y de la OTAN sobre este grupo en apariencia plural.
El presidente del grupo, el senegalés Malick Sow, es actualmente juez de la Corte Suprema de su país, considerado una «democracia fuerte y estable» por la Unión Europea, aunque con un alto nivel de pobreza ocupando el puesto 155 de 169 países en cuanto al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, siendo fuertemente dependiente de la ayuda europea, que supera el 10% del presupuesto nacional. Por su parte, la vice presidenta paquistaní es en realidad profesora de derecho en la Universidad de Warwick, en Inglaterra y de la Universidad de Oslo, en Noruega. Difícilmente se podrán esperar actuaciones fuera de la línea oficial de un representante chileno, por cierto, reconocido defensor de los derechos humanos en la época de Pinochet, pero representando a un estado que practica las detenciones arbitrarias de indígenas mapuches sin importar la edad, como si fuese un deporte, y de un abogado litigante ucraniano que participó en las primeras fases de organización del Tribunal Penal Internacional, ampliamente criticado por su parcialidad contra todo tipo de personeros señalados por Washington como enemigos de los Estados Unidos, así como por su reluctancia a investigar los crímenes de los aliados de la Casa Blanca.
Por su parte, el noruego Andenas es, como la paquistaní Shaheen Ali, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, pero además fue miembro de la directiva de una organización muy selecta, la Asociación de Institutos de los Derechos Humanos (AHRI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Este grupo, financiado por la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST), agrupa a unas 41 universidades de Europa que llevan a cabo investigación en el campo de los derechos humanos. En diciembre de 2010, AHRI realizaba, con financiamiento de COST, el seminario «La Corte Penal Internacional y la Responsabilidad de Proteger – Sinergias y Tensiones«. Uno de los temas del seminario llevaba el sugestivo nombre de «El camino a recorrer», una discusión sobre las maneras en que la «comunidad internacional podría coordinar sus acciones futuras» para la implementación de la doctrina conocida como R2P.
La Responsabilidad de Proteger, o R2P, es una idea que los países de la OTAN vienen impulsando desde hace varios años en el seno de las Naciones Unidas. La base del planteamiento de la R2P es que cuando un Estado no proteja a su población, ya sea por falta de capacidad o de voluntad, es responsabilidad de la «comunidad internacional en su conjunto» intervenir, aún cuando ésto entre en contradicción con uno de los principios fundamentales de las Naciones Unidas: El de la no-injerencia en los asuntos internos de otros Estados. En la Cumbre Mundial de la ONU de septiembre de 2005, una mayoría de los estados miembros, bajo las presiones de los países de la OTAN aceptaron la idea del R2P en principio, pero recomendaron una más amplia discusión del tema. Poco más de un lustro más tarde, esa doctrina se llevaría a la práctica con lo que resultó ser la agresión contra el pueblo libio por las fuerzas de la OTAN.
En unos pocos días en marzo de 2011, Soliman Bouchuiguir, de la Liga Libia de los Derechos Humanos, (LLDH) reunió en un pronunciamiento a más de 70 ONGs del ramo para la 15 sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar el 25 de febrero de 2011. En la reunión se decidió expulsar por primera vez a un estado miembro, Libia, por supuestos bombardeos contra la población civil. Unas semanas más tarde comenzaría la masacre de la OTAN contra el país norafricano.
«Para serle franco, no fue un trabajo tan difícil porque todas esas ONGs se conocen entre ellas (…) y al final, la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo que todos se juntasen en Ginebra, y fue así que lanzamos el pronunciamiento que fue firmado por todos los miembros», dijo Bouchuiguir a periodistas que lo entrevistaron para el documental «The Humanitarian War«, dirigido por Julien Teil.
Las cifras con las que Bouchuiguir convenció al resto de los miembros del Consejo eran estremecedoras: El 17 de marzo de 2011, reportaba 6 mil muertos, 12 mil heridos, 500 desaparecidos, 700 violaciones y 75 mil refugiados. Apenas dos semanas más tarde, Bouchuiguir hablaba de 18 mil muertos, 46 mil heridos, 28 mil desaparecidos, 1600 violaciones… Con esas cifras se justificó luego la «zona de exclusión aérea» y los bombardeos de la OTAN que resultaron en una verdadera masacre. Todas esas cifras eran inventadas.
Hay que recordar que el 2 de marzo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU., Mike Mullen, testificaba ante el Congreso: «no hemos podido confirmar que aviones libios hayan abierto fuego contra su propia población». Por esos mismos días, el Estado Mayor Conjunto de Rusia informaba que había estado monitoreando el territorio libio por satélite desde el inicio de la crisis, a mediados de febrero, y no había logrado detectar ningún tipo de bombardeo.
«No hay manera», respondió Bouchuiguir a la pregunta de los periodistas acerca de cómo comprobar si las cifras que había dado a la ONU eran verdaderas. «El gobierno libio nunca, nunca, da información sobre los derechos humanos (…) de modo que hay que hacer un estimado», explicó.
«…Esta información (sobre el número de víctimas civiles en Libia) no la recibí de cualquiera. La recibí del primer ministro libio – el del otro lado», agregó Bouchuiguir refiriéndose al Consejo Nacional de Transición (CNT) montado por los denominados «rebeldes» apoyados por la OTAN.
«Fue el señor Mahmoud (de la tribu Warfallah). Fue él quien declaró esas cifras. Las usé, pero con cierta precaución», agrega. Bouchuiguir se refería a Mahmoud Jibril, el «primer ministro» de los «rebeldes libios» designado por la OTAN y la CIA.
Ali Zeidan, a inicios de marzo presentado como vocero de la LLDH, había sido también vocero del CNT. Más adelante, y presionado por los periodistas, Bouchuiguir reconoce que varios miembros del Consejo Nacional de Transición eran también miembros de su organización de «derechos humanos»: «Usted sabe, esta gente en el gobierno (del CNT), ¡estamos todos en el mismo grupo! Ellos son miembros de la Liga Libia de los Derechos Humanos, el ministro de información, por ejemplo, el ministro de educación, el ministro del petróleo y el ministro de finanzas, ¡ellos son miembros de nuestra liga! … No tienen cargos de responsabilidad, pero son miembros de nuestra liga», explica.
La verdadera escala de la masacre cometida contra el pueblo libio se conocerá algún día. Por el momento, algunos datos muy maquillados de la propia OTAN, como el uso de 7.700 misiles y bombas en unos 10.000 vuelos ayudan a hacerse una idea, aunque probablemente muy pálida, del horror. Lo cierto es que mientras que los encargados de contar los muertos sobre el terreno muestren la falta de ética de individuos como Soliman Bouchuiguir y los funcionarios de las restantes 70 ONGs de «derechos humanos» que sin siquiera pensar votaron para que otros ejercieran su «responsabilidad de bombardear» al pueblo libio, la verdad no será conocida, sencillamente porque hay un interés de que no se conozca.
Todo esto nos lleva a la pregunta: Si estos burócratas del humanismo no tienen el menor empacho en inventar genocidios para luego hacerlos realidad en función de los intereses de las potencias occidentales, ¿por qué se van a detener ante la posibilidad de exigir la libertad de un narcotraficante como en el caso de Jason Puracal?
Sobre la mesa del Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU hay muchos expedientes de peso, como la ley aprobada por el presidente estadounidense Barak Obama a finales de 2011 que permite detenciones indefinidas sin cargos y encarcelamientos sin juicios, para no hablar de los casos ampliamente conocidos de Abu Grahib, de Guantánamo, o de la red de cárceles secretas de la CIA en todo el mundo, el caso de los 7.000 menores de edad palestinos que Israel tiene tras las rejas desde el año 2000, o el caso de los más de 200 centros de detención de inmigrantes en los que la Unión Europea hoy en día recluye a decenas de miles de personas que no han cometido delito alguno, etcétera.
¿Qué chances hay de que el Grupo de Trabajo de la ONU se ocupe seriamente sobre esos temas? Ninguna, porque sus miembros son totalmente dependientes de los países que cometen esas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Israel, éste es el más estrecho aliado de los Estados Unidos y el mayor receptor de su ayuda militar; además, es un miembro de facto de la Unión Europea en virtud de los generosos tratados de libre comercio que unen a ambos países.
Estrellas en ascenso
Nada sucede espontáneamente en el corrupto universo de las instituciones de los «derechos humanos» controladas por la OTAN. Por ejemplo, ¿quién es la persona que envió al Grupo de Trabajo de la ONU la solicitud de investigar el caso de Puracal?
Jared Genser, nombrado por la revista National Law Journal como una de las «40 estrellas emergentes de menos de 40 años en Washington», es el gerente de
Perseus Strategies, LLC y fundador de
Freedom Now, una organización «independiente», «sin fines de lucro», dedicada a defender supuestos prisioneros de conciencia en todo el mundo. Gesner trabajó para firma de abogados
DLA Piper LLP y para la famosa consultora
McKinsey & Company, entre cuyos clientes a nivel global se encuentran varias empresas multinacionales y gobiernos en todas las esferas, incluso la militar. Un detalle en la brillante carrea de esta estrella: En 2006-2007 fue profesor invitado en el National Endowment for Democracy (
NED), uno de cuyos fundadores, Allen Weinstein, allá por 1991 decía que «mucho de lo que hacemos hoy en día lo hacía la CIA de manera clandestina hace 25 años». Otro detalle brillante: Entre sus clientes de oficio se han encontrado el ex presidente checo Václav Havel, la burmesa Aung San Suu Kyi, el nobel chino Liu Xiaobo, el obispo sudafricano Desmond Tutu, y el nobel judío-húngaro Elie Wiesel. Graduado de prestigiosas universidades como Cornell, Harvard y Michigan, en su currículo no podía faltar un año como becario Raoul Wallenberg en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Genser es autor de un
«Comentario y Guía Práctica» sobre el Grupo de la ONU sobre las Detenciones Arbitrarias (a publicarse en 2013) y co-editor de otro sobre
la doctrina del R2P: «
The Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass Atrocities in Our Times» (Oxford University Press, 2012). ¿Quién fue el editor de ese libro? Pues nada más ni nada menos que el ex ministro de justicia canadiense que envió al presidente Daniel Ortega una inflamada carta exigiendo la liberación inmediata del narcotraficante Jason Puracal: Irwin Cotler. Con semejantes antecedentes, no es de extrañar que el Gobierno de Nicaragua no le haya hecho caso a esta campaña y que tampoco haya contestado a la carta del Grupo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. Cuando un grupo de amigos muy influyentes con estrechos contactos con las esferas del imperio más poderoso sobre la tierra inician una campaña de cartas y declaraciones en los medios, eso no constituye un movimiento social, sino una conspiración.
El socio de Genser en Perseus Strategies, LLC, un tal
Chris Fletcher, tiene más de agente de la CIA que de abogado idealista: Experto en derechos humanos y responsabilidad social corporativa con experiencia en la oficina de la ONU, asistió en los juicios contra los Khmeres Rojos en Cambodia y en la ONG
Oxfam America, entre otros. Además, Fletcher ha participado en actividades del
Foro Tibet, Gobernanza y Práctica de la
Universidad de Virginia, un
conocido centro de reclutamiento de la CIA en el que trabajan profesores que han estado activos en la agencia de inteligencia durante muchos años tales como el
Frederick P. Hitz, de la facultad de derecho. Otras tareas en las que Fletcher ha hecho «trabajos temporales»: El Departamento de Estado y el Banco Mundial.
Perseus Strategies, LLC es una empresa dedicada a ofrecer
servicios de asesoría legal a grandes ONGs, empresas multinacionales y gobiernos en el terreno de los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y la implementación de la R2P. Sus actividades a menudo incluyen la promoción de los intereses de Estados Unidos en diversos países, así como la elaboración de diversos documentos para justificar la aplicación de la R2P contra países-blanco de las agresiones imperialistas, como el caso de Corea del Norte.
Paralelamente, o en realidad como una división especial de la organización, Genser y Fletcher operan con un «movimiento social» sui generis,
Freedom Now que trabaja para liberar a «presos de conciencia» en el mundo dándoles asistencia legal «pro bono», es decir, sin cobrar. Claro, entre
la lista de defendidos por Freedom Now no aparecen casos como el del ciudadano cubano-estadounidense
Rene Gonzáles y sus cuatro compañeros cubanos injustamente encarcelados en prisiones de máxima seguridad por recabar información para prevenir actos terroristas contra Cuba desde Miami. Por cierto, este 13 de agosto, a tres días de dar inicio la apelación de Puracal en Nicaragua,
René González cumplía 56 años en algún lugar de los EE.UU. sin poder estar con la mayor parte de su familia que vive en Cuba. No, los casos que interesan al grupo de Genser y Fletcher no son esos, sino aquellos que van en la línea de Washington: disidentes chinos, «activistas» iraníes, periodistas en oscuras regiones del tercer mundo, narcotraficantes estadounidenses en países como Nicaragua u otros, por lo general en la mira de las campañas difamatorias ordenadas desde la Casa Blanca.
Genser es sólo un miembro más de la
directiva. El presidente de Freedom Now es el abogado Jeremy Zucker, ex actuario judicial el Tribunal Penal Internacional y miembro del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, donde la élite de poder estadounidense, tanto demócrata como republicana, decide la política exterior de los Estados Unidos. La cubano-estadounidense radicada en Noruega, Teresita Alvarez-Bjelland, es una consultora especialista en organizaciones «sin fines de lucro» y además directiva de la Asociación Noruego-Estadounidense, posición privilegiada para ejercer presión sobre el Grupo de Trabajo de la ONU, con fuerte influencia noruega. El abogado Peter Magyar, encargado de expandir la actividad de Freedom Now en Europa, es un influyente jurista en los campos de las privatizaciones y los mercados internacionales de capitales.
Freedom Now
no defiende a cualquiera. Trabajan «estratégicamente», tratando de impulsar cambios políticos en los países donde tienen defendidos, para lo cual no se limitan a los juzgados y tribunales, sino que desarrollan campañas de propaganda junto con todo tipo de actores. Dicen que sólo defienden a prisioneros de conciencia, aunque en el caso de Jason Puracal, convicto por narcotráfico, es difícil, por no decir imposible, usar ese argumento. En resumen, su actividad no es más de una forma de injerencia política de los Estados Unidos sobre otros países disfrazada de lucha por los derechos humanos.
¿Inocencia? ¿Qué inocencia?
Una de las organizaciones más influyentes que han llevado adelante la campaña a favor de Puracal es el grupo denominado
Innocence Project (Proyecto Inocencia), cuya misión es velar por los derechos de los ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados dentro y fuera de los Estados Unidos. Además de apoyo mediático, la organización ha dado a Puracal apoyo jurídico a través de sus redes de abogados en los Estados Unidos.
En la página del magnate estadounidenses de las finanzas George Soros se puede leer que esa organización
en 2011 recibió una donación de 400 mil dólares por dos años para gastos generales de parte del grupo de fundaciones «Open Society Foundations» pertenecientes al Open Society Institute de Soros.
Según investigadores como la estadounidense
Eva Golinger, el Open Society Institute ha participado en la desestabilización de los gobiernos que han resistido la ofensiva post-Unión Soviética. Esta organización fue muy activa en Yugoslavia, Ucrania y Georgia, y trabajó estrechamente con Freedom House y el Albert Einstein Institution (AEI) en el derrocamiento de los gobiernos en estos países, financiando medios de comunicación y grupos de oposición. Igualmente, el área de interés de la Open Society Institute es Europa del Este y el Cáucaso, pero también está muy activa en África y América Latina.
El nuevo director del «imperio filantrópico» de Soros, Christopher Stone, «…tiene una pasión por cambiar las cosas y una gran visión y manera de entender cómo construir instituciones y reimaginarlas para que perduren», dijo al
New York Times a fines del año pasado Barry C. Scheck, co-director del Proyecto Inocencia, famoso por haber sido el abogado defensor de O. J. Simpson en un sonado caso en 1995. ¿Inocencia de qué? La organización de Scheck no es más que una más de las decenas de ONGs y otros grupos que Soros ha cooptado en todo el mundo para que sigan la agenda del imperio con sumas millonarias, sólo el año pasado, unos 860 millones de dólares.
Experto en quebrar bancos centrales en todo el mundo con sus ataques especulativos contra las divisas, Soros critica los excesos del sistema financiero y aboga por regularlos pero, como él dice, «no una regulación excesiva. Los reguladores son seres humanos que pueden equivocarse y además son burócratas que toman decisiones de manera lenta y subordinada a influencias políticas».
El discurso de Soros respecto a sociedades abiertas, los mercados libres y sus críticas a Bush le han hecho popular entre los demócratas, pero no es progresista. En lo que toca a la estrategia del imperio, Soros es parte de la élite de poder y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, de Bilderberg, del International Crisis Group y de Human Rights Watch, organismos que llevan el timón de la geopolítica estadounidense o proveen de los argumentos de «derechos humanos» que hacen posible sus intervenciones.
Los trapos blancos de la DEA
La «recomendación» del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Detenciones Arbitrarias resultó ser una obra de ingeniería política de las altas esferas del gobierno estadounidense y del complejo corrupto de los derechos humanos mezquinamente politizados. El ex ministro de justicia canadiense que criticó al comandante Daniel Ortega, resultó ser un viejo amigo de uno de los operadores de ese complejo. La organización de derechos humanos Inocencia Internacional resultó ser receptora de los fondos nada inocentes del magnate Soros. ¿Qué pasa entonces con el apoyo a Puracal del ex jefe de la DEA Tom Cash, uno de los hombres que ayudó a enjuiciar al mismísimo Pablo Escobar?
Al dejar la DEA, Thomas V. Cash se fue a trabajar en la empresa Kroll, donde pasó a ser jefe de la oficina de Miami. Entre los servicios de esa empresa se encuentra la asesoría a los gobiernos de distintos paraísos fiscales sobre como mejorar su imagen y lograr que los quiten de las listas antilavado de la OECD, un trabajo que es realizado por muchos ex oficiales de inteligencia cuando dejan el servicio público y pasan al sector privado. En el caso de Cash, la misión asignada por Kroll fue la de ayudar a
hacerle un lavado de imagen al paraíso fiscal de Antigua, es decir, a hacer un trabajo de cosmética financiera para que los Pablos Escobares de hoy en día puedan seguir lavando los ingresos del narco.
Lo que hizo que Cash cayese en desgracia, sin embargo, fue otra cosa. En el pasado mes de junio, el conocido estafador
R. Allen Stanford fue condenado a 110 años de cárcel al investigarse un
esquema Ponzi por el que en un período de 20 años robó 7 mil millones de dólares a 30 mil ahorristas a los que prometía tasas de interés fabulosas por sus depósitos en el Stanford International Bank en la isla de Antigua. El caso había reventado tres años atrás, en 2009, cuando las autoridades federales allanaron las oficinas del Sanford Group para investigar el fraude. A fines de julio de ese año,
Cash dejaba su puesto en Kroll. ¿La razón? Como consultor, Cash, trabajando para Kroll, le dio a los inversionistas la luz verde para que invirtiesen en Stanford, pero nunca se preocupó de informarles que su empresa una vez había sido «contratada y pagada» como consultora de Stanford, según denunció una fundación de electricistas que perdió más de 6 millones de dólares en el esquema Ponzi. Cash jamás le informó a los electricistas que Stanford había sido penalizada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, así como tampoco les informó que un ex-empleado de Stanford había demandado a la empresa con la acusación de que era una estafa.
Entre las credenciales de Cash figuraba, según el New York Post, la de haber sido presidente del Comité de Prevención del Fraude de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida. Dice el diario que las conexiones de Cash entre los círculos policiales de ese estado eran tan grandes que un juez asignado a la demanda de los electricistas contra Kroll tuvo que renunciar al caso porque había sido amigo personal de él durante muchos años.
Injerencia descarada
El 16 de agosto comenzará la audiencia de apelación en el caso de Jason Puracal. La justicia nicaragüense decidirá si hay o no elementos para declarar nulo el juicio en el que se le condenó a 22 años de prisión según los procedimientos establecidos en la Constitución y el Código Penal del país. Sin embargo, la manera descarada como grupos que no tienen nada que ver con los derechos humanos y sí con las redes de injerencia política de los Estados Unidos se dedica a usar el caso para hacer propaganda antinicaragüense no favorece en nada a la defensa del reo Puracal.
El caso de la campaña a favor del convicto narcotraficante Jason Puracal ilustra a la perfección el nivel de corrupción y de manipulación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo.
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